"Ha habido más reclamaciones por las listas que por la homologación"

M. GÓMEZ, S/C de Tenerife

"Reto" es la palabra que más se repite en una conversación con Milagros Luis. La consejera de Educación es consciente de la dificultad de las empresas que afronta, pero se muestra dispuesta a acometerlas aunque genere protestas entre algunos sectores.

¿Cómo se las va a arreglar la Consejería de Educación para no perjudicar la calidad de sus servicios con 40 millones menos de presupuesto?

Como el de todas las administraciones públicas españolas, incluso el del Estado, el presupuesto de la Comunidad Autónoma tendrá un retroceso. El Gobierno ha planteado que, si bien se va a producir una reducción en todas las áreas, hay que dar un trato preferente a los servicios públicos básicos: educación y sanidad. Serán las que menos bajen y siempre garantizando la prestación del servicio público. Eso obliga a más rigor que nunca en el control del gasto y en el manejo de los fondos. Hay que hacer un doble ejercicio. Uno, de reajuste en las áreas; el otro, mejorar la eficiencia.

Por lo tanto, ¿sufrirán más las áreas de Cultura y Deportes el recorte presupuestario?

Los criterios fijados por el Gobierno dicen que los servicios esenciales son educación -no la Consejería- y sanidad. Por tanto, la restricción presupuestaria seguramente sea mayor en Cultura y Deportes que en Educación. Lo hemos visto también hace poco en los presupuestos del Estado.

Ha alertado del riesgo de quiebra social que supone mantener las actuales cifras de abandono escolar.

Ahí tenemos el mayor reto. Intuyo que también tenemos una oportunidad en este momento de retracción económica, en el que no se puede acceder a un empleo con tanta facilidad sin cualificación. De hecho, explico así el que haya crecido la demanda de Formación Profesional este año.

¿Es ése un síntoma de que la tendencia empieza a cambiar?

Es un síntoma, aunque todavía no es suficiente para analizar si estamos ante un cambio de tendencia, pero sí apunta un posible cambio. Una sociedad en la que el 35% de los chicos llegue a los 16 años sin una acreditación que les permita moverse con seguridad en su vida futura es un principio de quiebra social, y en 5 ó 10 años produce un efecto de brecha muy peligroso. Hay dos cosas que me preocupan especialmente en estos momentos: conseguir sacar el debate de la educación del regate corto de los partidos políticos y el abandono.

El abandono es la gran debilidad del sistema, pero ¿cuáles son sus fortalezas, sus motivos para la esperanza?

Muchos. El sistema educativo canario ha permitido un nivel de cohesión social importante. El giro ha sido enorme en extensión de infraestructuras y en personal. Ahora tenemos que reorientar esa fortaleza hacia los resultados. Además, el sistema educativo tiene mucha gente comprometida. En Canarias hay capacidad para innovar y dinamizar socialmente desde los centros. También se ha hecho un esfuerzo importante de atender la diversidad, aunque seguramente no suficiente.

¿Teme que las protestas por la FP o las listas de interinos y sustitutos traigan de nuevo la conflictividad a las aulas?

No me gustaría. Es cierto que cuando hablamos de recursos humanos, ésta es la mayor empresa de Canarias. En este momento hay una representación de 12 sindicatos, algunos desgajados de otros anteriores, con lo cual sus planteamientos son contradictorios en muchas ocasiones. Es una situación muy difícil de manejar. Es algo general, aunque tal vez en Canarias la representación sindical sea exagerada respecto a otras comunidades. A mí me gustaría que no hubiera conflicto, que fuéramos capaces de desterrar la cultura del enfrentamiento, porque no sirve para avanzar. Dicho esto, soy absolutamente respetuosa con los planteamientos sindicales.

¿De quién ha sido la iniciativa de modificar las listas de docentes interinos y sustitutos?

Hay un doble proceso. Uno, el de adecuar y homogeneizar la ordenación de las listas, lo inicia el Gobierno a través de la Mesa General de la Función Pública, y afecta a todos los departamentos, no sólo a Educación. Se lleva a debate, se toma una decisión y se plasma en un borrador. En paralelo hay otra cosa. Hemos sacado oposiciones en 2007, 2008 y 2009. Cuando empezamos a ordenar los de 2008, los aprobados sin plaza se quedan fuera. También hay un escrito de UGT de mayo en el que se me pide que convoque la mesa sectorial con un razonamiento muy sólido, recordando que esta aprobado el estatuto de la función pública y que hay que adecuar la normativa en vigor a la hora de ordenar las listas. Se convocó la mesa y los sindicatos no tuvieron una posición común. La gente empezó a organizarse y a enviar recursos a la Consejería. Han entrado 420, más que para la homologación. En ellos se quejan de que el Gobierno no ha adaptado la normativa, y es verdad, pero eso es lo que está haciendo ahora la Mesa de Función Pública. Luego veremos las particularidades en la mesa sectorial, pero es un tema que excede lo que diga la Consejería de Educación.

Ha generado muchas protestas sindicales.

Después de los últimos procesos selectivos se han nombrado 2.739 funcionarios docentes en prácticas. De ellos, 2.088 son interinos; el resto accede de fuera del sistema. Los aprobados que no entran no pueden hacerlo hasta 2011. Han planteado la defensa de su derecho, y mi obligación es atenderles y tratar de conciliar posiciones. Esto también tiene una carga de demagogia malsana. Cuando hicimos los nombramientos en septiembre se dijo que había un ERE y 1.500 interinos se irían a la calle, pero es que nombramos 2.000 funcionarios, muchos de ellos interinos que ahora han consolidado su puesto. Los que dijeron esos son los que ahora hablan de 7.000 docentes en la calle. Mi obligación es cumplir la legalidad y hacerlo con respeto al trabajo de todo el mundo, sabiendo que hay mucha gente que se ha dejado las pestañas, pero también garantizando los derechos constitucionales y, sobre todo, atendiendo a quien nos reclama; hay 420 recursos y yo no puedo mirar hacia otro lado.

FP: El debate es ahora

Pese a que la reforma de la oferta de Formación Profesional despertó una importante controversia y un frontal rechazo por parte de los sindicatos a finales del curso pasado, la consejera de Educación cree que "el debate real está ahora", puesto que, explica, hay que diseñar el mapa de la FP y debatir la oferta con los agentes sociales y el tejido productivo. "Lo que se hizo fue poner en marcha la reforma con la elaboración del plan, y lo que es objeto de negociación es lo que se derive de él", afirma Milagros Luis, que también se muestra comprensiva con la resistencia que generó en el profesorado afectado. "Lo entiendo, porque hubo decisiones que supusieron la supresión de determinados ciclos, y eso conlleva el desplazamiento de profesorado, pero se ha ido resolviendo a medida que los propios trabajadores han ido comprobando que hay muchas cosas que iban a ser negociadas", detalla. En cuanto a la oferta, Luis Brito insiste en que "debe ser necesariamente cambiante; no es posible la estanqueidad, poner un ciclo y que permanezca 30 años en el mismo sitio. Europa nunca ha funcionado así", asegura. Por ello, advierte: "tenemos que acostumbrarnos a colocar centros de excelencia, que no podemos multiplicar por 88 municipios". Como ejemplo, apunta que "si La Palma orienta su modelo económico hacia la protección de los recursos naturales y la preservación del cielo, o El Hierro quiere ser la Isla más sostenible del mundo, estamos tardando ya en definir esa oferta formativa", al tiempo que considera "natural" que quienes quieran formarse en esas especialidades, sean de la isla que sean, vayan a La Palma o El Hierro. Este reto va acompañado de otro: el de convencer al empresariado de la necesidad de comunicar qué tipo de profesionales demandan, para facilitar que ciertos nichos de mercado -caso de las energías renovables, el frío o la electricidad- sean cubiertos por trabajadores canarios.