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EFE, Madrid
Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria fueron tres de los escenarios de la amplia operación de la Policía Nacional contra la pornografía infantil que, bajo el nombre de "Ruleta", se saldó con un total de 74 detenidos en toda España. En el Archipiélago hubo cuatro arrestados y cinco imputados gracias a una investigación que se ha desarrollado a lo largo de los últimos meses.
Dos detenidos y un par de imputados fueron localizados en Tenerife, donde se practicaron cuatro registros. Otros tres imputados residían en Lanzarote, donde hubo dos registros sin detenciones; mientras que en Gran Canaria, donde no hay imputados, se han producido dos registros y otros tantos arrestos.
Los funcionarios se incautaron de millones de archivos e imputaron a 61 personas. La Brigada Tecnológica movilizó a casi 600 agentes en un dispositivo desarrollado en más de 30 provincias y en el marco de trabajo en el que colaboraron investigadores de varios países.
Dentro de la "operación Ruleta", sólo en España se analizaron más de 2.500 conexiones y se identificó a 180 usuarios que compartían y poseían material pornográfico con niños y adolescentes.
El material pedófilo distribuido en internet por los usuarios investigados contenía vídeos de extrema dureza, tales como agresiones sexuales a menores de muy corta edad, según informó la Policía Nacional.
En los 130 registros realizados, los agentes se incautaron de gran cantidad de material informático que contiene millones de archivos de pornografía infantil y que será minuciosamente analizado con el fin de determinar cualquier dato que sea de interés para identificar a los agresores, a los niños víctimas de los abusos o si alguno de los implicados fuera también autor de agresiones a los menores.
Entre los detenidos en el marco de esta operación se encuentra uno de los productores del material pornográfico infantil. Esta persona poseía en una cámara fotográfica un reportaje de su sobrina de 13 años y otro menor, hijo de una vecina, de dos años.
Hay un amplio abanico de profesiones entre los arrestados: ingenieros, informáticos, desempleados, funcionarios, vigilantes de seguridad, un profesor de la ESO, un menor de edad, empleados de banca o estudiantes.
La investigación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid y requirió, además, la participación de otros 75 juzgados y 105 secretarios judiciales para efectuar los 130 registros.
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