La Fiscalía recurre el archivo de la causa contra Camps al apreciar cohecho

EFE, Madrid

La Fiscalía recurrió ayer el archivo de la parte del "caso Gürtel" que investigaba el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) al estimar que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, cometió un delito de cohecho impropio al aceptar regalos aunque éstos no tuvieran contrapartida alguna. En el escrito presentado ayer al Tribunal Supremo (TS), la Fiscalía dice también que el archivo el 3 de agosto de la causa fue "prematuro", ya que la fase de investigación seguía abierta y, al tratarse de un sobreseimiento libre -es decir, definitivo- y no provisional, es imposible reabrir la causa "aun cuando aparecieran nuevos datos referidos a los hechos del procedimiento".

El archivo decidido por el TSJV afectó, además de a Camps, al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, quienes, como el primero, aceptaron supuestamente prendas de vestir abonadas por Orange Market, una de las empresas de la trama de Correa.

En su escrito, la Fiscalía sostiene que el TSJV "yerra" en la interpretación dada al delito de cohecho impropio previsto en el artículo 426 del Código Penal y, en concreto, "en la relación de causalidad en él exigida" entre la dádiva admitida y la función pública desempeñada por los imputados.

El TSJV argumentó que no existía el delito de cohecho porque no se había acreditado ninguna relación entre los "agasajos" que pudieron recibir esas personas y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market.

Artículo 426

El fiscal recuerda que el artículo 426 dice que comete cohecho impropio "la autoridad o funcionario público que admite dádiva o regalo que le fueran ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente" y estima que el TSJV "prescinde" de la primera de las alternativas y sólo considera delito aceptar un regalo a cambio de un acto concreto.

"Esta derogación tácita del precepto conllevaría la atipicidad de la admisión de regalos por funcionarios o autoridades cualquiera que fuera el valor de aquellos (pensemos, por ejemplo, en un inmueble, un vehículo de lujo, un millón de euros) si no se constatara la realización de un acto concreto".

Añade que, además, en este caso "no hay duda" de que el bien jurídico protegido por ese artículo -la conservación de la confianza pública en que los funcionarios ejercen sus funciones sometidos exclusivamente al imperio de la Ley- se ha visto "gravemente dañado", ya que las empresas investigadas recibieron contratos por más de un millón de euros anuales del Gobierno valenciano.

Dice el fiscal que "la experiencia demuestra que en muchas ocasiones la dádiva o presente no tiene por objeto una contraprestación inmediata por parte del receptor", sino que lo que se pretende es "poner en nómina" al beneficiario, "colocándole en la situación de absoluto agradecimiento a su benefactor", de modo que cuando éste le pida un favor no pueda negarse.

Discrepa también el fiscal respecto del argumento del TSJV para archivar la investigación sobre Ricardo Costa: el de que si éste recibió regalos de Orange Market fue en su calidad de secretario general del PP y no de cargo público.