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EL DÍA, Arona
El gobierno municipal de Arona, con el apoyo de CAN-CCN, aprobó una propuesta de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente en el sentido de sancionar a la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas y conservación de jardines, Camilo Álvarez Sánchez (CAS), con 300 euros por incumplimiento del contrato al haberse producido un paro en la plantilla durante los días 3 y 7 de julio pasado.
Esta decisión fue adoptada en el marco de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, que preside el primer teniente de alcalde Antonio Sosa, en el transcurso de una sesión que celebraron mientras en el Palacio de Justicia de Los Cristianos prestaba declaración Ángel Artillo, dirigente destacado de la empresa sancionada e imputado por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por el juez que instruye el sumario del denominado "caso Arona", Francisco Nelson Díaz Frías.
Se da la circunstancia de que la acusación particular anunció anteayer que estudian la interposición de una denuncia para que la justicia investigue "los modos y formas de pago" que aplica el gobierno municipal con CAS. De hecho, se trata de que la vía judicial aclare las sospechas que la acusación particular tiene sobre "los métodos utilizados para facturar y para corregir los desequilibrios económicos" por los que la compañía ha percibido importantes cantidades de dinero del erario público municipal.
Cabe recordar que una auditoría presentada por CAS al gobierno municipal para sustentar su reclamo de dinero como fórmula para equilibrar el servicio fue informada negativamente por los técnicos especiales, a pesar de lo cual le pagaron.
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