El Gobierno aprueba la ley que sitúa en 16 años la mayoría de edad para abortar

LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO AÚN VIGENTE ha suscitado una encendida polémica entre detractores y defensores./ el día

AGENCIAS, Madrid

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en el que mantiene el plazo de 14 semanas para abortar libremente y que las menores de 16 y 17 años lo hagan sin el consentimiento de sus padres.

Según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el texto incluye algunas de las recomendaciones del Consejo de Estado, entre las que destaca el refuerzo de la exposición de motivos. En ésta se reconoce que la vida prenatal "es un bien jurídico que merece una protección eficaz, pero siempre teniendo en cuenta la ponderación con los derechos de la mujer embarazada".

Igualmente, en el sistema de información se ha introducido un nuevo apartado, por el que "se informará a la mujer específicamente sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales que conlleva continuar el embarazo o su interrupción".

Además, se ha modificado el artículo 16, que hace referencia al comité clínico que tiene que valorar aquellos diagnósticos prenatales en los que se detecten enfermedades extremadamente graves e incurables en el feto.

Un comité por región

Así, y según queda redactado este artículo, estará formado por un equipo pluridisciplinar de personas expertas en diagnóstico prenatal, y una vez confirmado el diagnóstico por el comité, será la propia mujer la que decida sobre su intervención. Habrá al menos uno de estos comités en cada comunidad autónoma y su funcionamiento se regulará reglamentariamente. Además, se han recogido todas las propuestas aportadas por la Agencia de Protección de Datos para garantizar la intimidad y la confidencialidad.

Los aspectos fundamentales no sufren alteraciones, ya que, según el proyecto, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión al menos tres días antes.

De manera excepcional y hasta la semana 22, se podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. La IVE, además, se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, para que sea una prestación pública y gratuita.

Uno de los puntos más polémicos y que más se ha debatido es el que propone que menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, aunque existe un cierto consenso sobre la conveniencia de informarles.

Según manifestó De la Vega, el proyecto aprobado por el Gobierno es "el que más se ajusta a la realidad social" española. "Es una ley sensata y ajustada a derecho que, más de dos décadas después de la primera legislación, quiere dar respuesta a las carencias", agregó.

Así, y tras defender que la propuesta del Ejecutivo está "en sintonía" con los países del entorno, subrayó que la voluntad es la disminución de embarazos no deseados. "Que ninguna mujer tenga que enfrentarse a la durísima decisión de abortar", dijo.

Un límite "conservador"

La Asociación de Clínicas Acreditadas (ACAI) ha valorado que la reforma del aborto reconozca la libertad de decisión de la mujer, pero considera que el plazo permitido para abortar libremente, de catorce semanas, es un límite "conservador" que debería ser modificado en el Parlamento.

ACAI recuerda que la nueva norma sigue quedando lejos de las leyes más progresistas europeas, como la de Holanda, cuya legislación establece (de acuerdo con la posible viabilidad fetal) un plazo único que se sitúa en torno a las 24 semanas de gestación.

En parecidos términos se expresó la plataforma feminista Mujeres ante el Congreso, que calificó de "insuficientes" las mejoras que propone el proyecto, por considerarlo un "recorte de derechos de las mujeres". La portavoz del colectivo, Isabel Soriano, exigió que en ningún caso se limite el derecho a decidir de las mujeres tras los 14 meses y tachó de "retroceso" recortar a 22 semanas el plazo en el supuesto de daño para la salud de la mujer.