Semana nefasta para Santa Cruz

LA SEMANA que hoy termina ha sido nefasta para el Ayuntamiento de Santa Cruz, el cual nunca ha estado tan cerca de casi una práctica disolución si eso fuera posible y las leyes no prohibieran tal extremo. Ya dije, en un comentario anterior, que, de existir en esta desafortunada nación que creo yo que, en toda su historia, incluso cuando mandaban en España los llamados bárbaros del Norte, ha tenido una legislación tan poco acorde con la realidad que se vive, hubiera sido posible elecciones municipales anticipadas, esas tendrían que haber sido convocadas, en estos momentos críticos, por la corporación municipal santacrucera. Hubiéramos podido cambiar de gobierno, que es lo que necesita y pide a gritos la ciudadanía ante la ya insostenible degradación política del Consistorio que preside Miguel Zerolo.

También dije que el propio Zerolo se ha cavado su propia fosa política con ese golpe insensato de efecto que supuso la destitución fulminante del primer teniente de alcalde Ángel Llanos, con lo que acabó de sembrar la discordia, dando paso a la que sabía, o ignoraba, que es peor y denota mayor carencia de materia gris en la sesera, la inmediata ruptura de pactos que, aunque de manera bastante frágil, venía sosteniendo la pervivencia de la estructura municipal.

Otra cosa que dije fue que la vergonzante derrota del grupo de gobierno municipal debería conducir a la dimisión o a someterse, tarde o temprano, a una moción de censura, porque ya demostró la oposición, con el triunfo indiscutible de su postura respecto a la demolición del "mamotreto", que la mayoría estaba de su parte y lo seguirá estando si Zerolo se somete a la prueba de un "voto de confianza" que le piden los grupos de la oposición y que, éticamente, está obligado a aceptar. Finalmente, y como si no hubiera suficientes criaturas en la casa, parió la abuela y el lunes llegó la mala nueva de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, años después de presentado el recurso, había anulado la venta de la empresa municipal Emmasa a la firma privada Sacyr Vallehermoso, porque el pleno municipal autorizó un cambio de gestión y lo que realmente se efectuó fue una venta del accionariado, que es contrario a la Ley. Aunque el gobierno municipal apele, no parece probable que el alto tribunal acepte y admita una falsedad patente tan fácil de demostrar, por lo que el ayuntamiento tendrá que devolver a los compradores de Emmasa los sesenta millones de euros pagados por la empresa municipal y, al parecer, ya gastados, cantidad que debe incrementar con la que debe abonar en el caso de la compra-venta de los terrenos de la playa de Las Teresitas. En cuanto al derribo de las obras, sin terminar, del "mamotreto", estimo que habiendo en esta isla tantos y buenos arquitectos, no se logre un proyecto que modifique lo mal hecho y se pueda levantar un parking, que de eso se trata, realmente útil para la playa y para los santacruceros. Un derribo significaría un derroche absurdo y una acción deplorable.