En plena crisis, los casos de grave o extrema pobreza o las complicaciones económicas repentinas se agudizan y muchas veces se reflejan en el día a día y en plena calle. Así lo pudieron comprobar ayer los transeúntes que, desde primera hora de la mañana, pasaron por la lagunera calle de La Carrera a la altura de la entrada principal al ayuntamiento. La desesperación hizo que Rafaela del Rosario Rodríguez Calero, natural de la ciudad, de 41 años y embarazada de ocho meses, decidiera sentarse en señal de protesta por el trato y el ninguneo que dice haber recibido del gobierno local en su búsqueda de ayuda para disfrutar de un techo. Mientras lanza loas y sentidos agradecimientos a Cáritas, Cruz Roja y el PSC local, especialmente a la edil María José Castañeda, su semblante cambia al referirse a la edil de Vivienda y del área social, Blanca Pérez, y al alcalde, Fernando Clavijo, a los que acusa de obviar su situación, darle largas y "olvidarse del pobre".

La versión de CC es radicalmente distinta. Sin embargo, Pérez y el gobierno municipal optaron ayer por no hacer declaraciones públicas, ya que, según trascendió a EL DÍA, podían incluso perjudicar más a esta señora.

En claro contraste, y como reflejan los dos carteles informativos que la acompañan en su protesta, Rafaela critica al equipo gobernante por no reconocerle su condición de española y de ciudadana nacida en La Laguna por el hecho de que su actual pareja, de la que espera un niño que nacerá en un mes, es de origen marroquí. Según su versión, en la actualidad viven sólo con los 140 euros que su pareja cobra en concepto de paro, del vale de 20 euros que le aporta cada mes Cáritas, de lo que le entrega Cruz Roja y de la solidaridad de particulares. Según sostiene, su pareja disponía de los papeles reglamentarios y por eso pudo trabajar y cobrar ahora esa pequeña cantidad de paro. Sin embargo, "y por un error de una trabajadora del ayuntamiento", perdió su condición de legal, lo que dificulta que se puedan acoger a las ayudas públicas para acceder a una vivienda como unidad familiar, según explican fuentes municipales.

A Rafaela, sin embargo, este extremo le parece una excusa inhumana y considera que se cometen muchas injusticias con las casas sociales que se entregan a gente supuestamente necesitada que, sin embargo, "sí disponen de vivienda". Subraya que, según le recalcó a Pérez, se conforma con un prefabricado y advierte de que, por su situación económica, ya le resulta imposible abonar los 404 euros que pagaba de alquiler por un pequeño piso casi sin ventilación, en La Higuerita, en el que ya le han cortado el agua y la luz.

Rafaela no quiere implicar a su actual pareja en su protesta por su situación irregular y lamenta no disponer de familiares que le ayuden porque, "de lo contrario, no estaría en esta situación". Su anterior marido, según señala, se ha desentendido por completo de su persona desde que se separaron y convive con los hijos que tuvieron durante su relación.

Pese a su embarazo avanzado, lo que obliga a revisiones médicas más asiduas, afirma que permanecerá de acampada hasta que le den una solución, al tiempo que critica a Pérez "por las veces que me ha dado largas y por cómo me ha tratado, así como al alcalde, que en una reunión me remitió a la concejal". Como contraste, alaba la actitud que le ha mostrado la edil socialista María José Castañeda.

Aunque CC no quiso pronunciarse ayer, a este periódico le consta que Pérez ha informado en diversas ocasiones a Castañeda de los entresijos y la trayectoria de este caso, por lo que fuentes cercanas al gobierno no disimulan en censurar cierto uso político.

Mientras, Rafaela y su pareja siguen esperando y no sólo por su hijo. Esperan también un techo.