EL EMPLEO se ha convertido en una prioridad de la que ya nadie duda. Administraciones públicas, iniciativa privada y sindicatos deben sumar esfuerzos para frenar el crecimiento del paro y, por tanto, generar oportunidades de trabajo, de modo que se garanticen los ingresos familiares y logremos salir de la crisis. Recuperar la senda de la prosperidad requiere, sin embargo, que mejoremos también la sanidad y la educación.
Renunciar a cualquiera de los pilares básicos del bienestar social o relegar algunos de los servicios y derechos sociales de los ciudadanos, que tanto ha costado conseguir, sería un grave error, que impediría alcanzar la calidad de vida a la que todos aspiramos, y que en La Gomera pasa irrenunciablemente por la puesta en marcha cuanto antes del nuevo hospital insular, por el que la Isla lleva esperando más de 13 años.
El Parlamento de Canarias aprobó en 1996 una proposición no de ley, iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, en la que se instaba al Gobierno regional a hacer un nuevo hospital, que aún hoy no presta servicios. La primera piedra de las instalaciones no se puso hasta 2005 y entonces se dijo que el centro estaría operativo en 2007, pero llegado 2008 hubo que reanudar las reclamaciones en las que La Gomera con una sola voz aboga por una asistencia sanitaria que se ajuste a las necesidades insulares y, sobre todo, que no obligue a salir de la Isla para recibir cualquier tratamiento.
Las hemerotecas son testigos de las numerosas fechas de apertura que se han puesto y se han incumplido, pues está a punto de concluir el verano de 2009 y seguimos sin tener siquiera una fecha certera de puesta en funcionamiento del centro, para el que el Cabildo ha construido un nuevo y moderno acceso, en el que también habrá parada del servicio público de transporte por carretera, para facilitar el desplazamiento de los usuarios que llegan desde el Norte y el Sur de la Isla.
Es bien cierto que las dificultades económicas han obligado a desviar la atención y atender otras prioridades, pero ¿acaso no lo es también que los gomeros y las gomeras dispongan al menos de la misma sanidad que los residentes en otras partes del Archipiélago? ¿Y qué pasa con la formación de niños y jóvenes? ¿Cómo vamos a construir una nueva sociedad capaz de afrontar los retos del presente y futuro si no es a través de una buena y completa educación?
Su Majestad el Rey don Juan Carlos nos recordó esta semana, durante la apertura del curso escolar, que la educación es una de las tareas más encomiables y necesarias para el progreso de una sociedad democrática. En consecuencia, es fundamental que aseguremos un modelo educativo sólido, eficaz, universal y gratuito.
La priorización de las acciones para reflotar la economía no puede suponer ningún retroceso en iniciativas como la gratuidad de los libros de texto para todos los alumnos de enseñanza obligatoria, en la que fue pionera el Cabildo de La Gomera hace ya más de una década; las becas para que ningún joven se quede sin preparación por falta de recursos económicos, o la mejora de infraestructuras y dotaciones, para adaptar el sistema educativo a la realidad de los tiempos que corren.
Así, por ejemplo, no sería entendible que las instituciones públicas competentes no apostaran por la educación tecnológica cuando vivimos en la era de las nuevas tecnologías y el mundo global, como tampoco lo es que se reduzca la oferta formativa o que se concentre en islas capitalinas, mermando aún más las posibilidades de los residentes en otros puntos de nuestra comunidad autónoma, tal y como denunciaron a finales del pasado curso escolar alumnos, profesores, padres, sindicatos, empresarios y representantes públicos de La Gomera y otras Islas, sin que fueran atendidas sus demandas.
La educación requiere soluciones consensuadas, estables y duraderas, de ahí que sean muchas las voces que hayan empezado a reclamar ya un pacto nacional por una educación coherente con la modernidad y el mundo competitivo que vivimos; una educación exigente y de calidad. No se trata, sin embargo, de encontrar una excusa para mirar hacia el Estado y olvidar las competencias autonómicas, y sí de tener muy presente que en momentos de crisis la formación adquiere un valor extraordinario como instrumento para el empleo y el progreso.
Se trata, además, de una tarea que no es exclusiva de la administración o de los profesores, sino que también requiere una implicación completa de los padres, pues hay valores y esquemas que sólo se adquieren en el seno familiar. Mejorar, modernizar y estabilizar la educación es una tarea de todos.
*Presidente del Cabildo de La Gomera
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