FUE HACE diez años cuando se aprobó la actual Ley de Extranjería, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Mucho ha cambiado el fenómeno migratorio desde entonces, pues hemos pasado de 800.000 residentes extranjeros (420.000 comunitarios) a más de 4.500.000 (2.060.000 comunitarios), lo que en términos de porcentaje quiere decir que la población extranjera residente en nuestro país ha pasado del 2% al 10%, lo que está produciendo un profundo cambio social cada vez más intercultural y multiétnico.
La ley ha sufrido tres modificaciones desde entonces, pero se hace necesaria su adaptación a la realidad social cambiante, por lo que el Gobierno del PSOE ha decidido afrontar una redefinición del marco legal, preparando un texto de proyecto de ley para su correspondiente tramitación parlamentaria, con el que se pretende pasar de una Ley de Extranjería a una Ley de Inmigración, tras un amplio proceso de participación social y abundantes consultas para desarrollar una política migratoria sostenible e integradora, siempre en un marco compatible con la legislación europea y la Constitución española, que ofrezca un escenario estable de seguridad jurídica, garantizando los derechos fundamentales de todas las personas, el acceso a otros derechos a partir de la residencia legal, apoyando el sistema de inmigración legal de acuerdo con las necesidades reales del mercado de trabajo, integrando los inmigrantes y haciendo más eficaz la lucha contra la inmigración irregular, evitando la inmigración clandestina y agilizando las repatriaciones, incorporando derechos fundamentales.
El proyecto de ley pretende favorecer el aprendizaje del castellano y demás lenguas cooficiales, la escolarización de los menores y acciones formativas que fomenten el conocimiento y respeto de los valores constitucionales y la Unión Europea, derechos humanos, libertades públicas y democracia, estableciendo la cooperación de la Administración del Estado con las comunidades autónomas y ayuntamientos a través de la dotación de un fondo específico.
Se podrá reagrupar a los ascendientes menores de 65 años por razones humanitarias y se tendrán en cuenta los ingresos de todo el núcleo familiar para ejercer el derecho de reagrupación familiar, habiéndose sustituido las referencias a los incapacitados por las normativas de las personas con discapacidad, y en cuanto al tema de repatriación de menores se ha incluido la necesaria audiencia del menor en los procesos de repatriación, de manera que los mayores de 16 años podrán intervenir en dichos procesos, posibilidad que hasta ahora no tenían.
Para conseguir que salga adelante el nuevo proyecto de ley con el más amplio consenso a su paso por el Congreso y el Senado, el PSOE intenta el máximo de negociación en aras a la convivencia y el bien común, evitando aritméticas y maniobras parlamentarias o partidistas.
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