CONOZCO a una señora que ya un tanto mayor tuvo que ponerse a trabajar debido a problemas económicos. Poseía un par de licenciaturas y su aspiración era la enseñanza. Como de momento no había plazas, le hicieron un hueco de administrativa en una empresa privada. Allí estuvo casi dos años hasta que al fin la llamaron desde la Consejería de Educación para una sustitución en un instituto. No voy a decir en qué localidad de la Isla está ubicado el centro para no zaherir a nadie. Le advertí de donde se estaba metiendo cuando vino a darme la novedad, contenta como un niño con zapatos nuevos. "No te preocupes; me encantan los chicos y voy a tener mucha paciencia con ellos".
La paciencia le duró tres semanas. Un viernes, poco después de repartir las notas de un examen, se le acercó una chica de trece años que no había aprobado y le puso una navaja en el cuello. "Como vuelvas a avergonzarme delante de mis amigas y del pibe te rajo, vieja asquerosa". En realidad, eso me explicó, ni siquiera la había suspendido formalmente pues no se trataba de un examen oficial. Tan sólo una prueba de evaluación en clase para ver cómo iban todos.
Le pregunté si había informado al director, al jefe de estudios, a alguien. "Me dijeron que se podía poner una denuncia, pero claro...". Lo claro es que esa denuncia no hubiese servido para nada. O sí; quizá hubiera servido para que un padre o una madre malhumorados acudiesen al instituto no para amenazar con rajarla, sino para rajarla de verdad. Antes, cuando un profesor nos daba un cogotazo procurábamos no decir nada en casa para no recibir tres más. Ahora quienes reciben son los maestros, y no sólo por partida triple.
Es lo que acaba de ocurrir en Madrid, donde un honradísimo progenitor ha sido detenido por agredir a la directora de un colegio. Podría escribir veinte folios como este, y aún me faltaría espacio, si contase sólo una parte de los desmanes que se producen en las aulas día sí, día también, contados por los propios docentes. "La gente se echa manos a la cabeza pero nadie hace nada", me comenta un profesor tinerfeño al que le he tenido que jurar por mis muertos que no diré quien es ni donde enseña. "Una vez hablé en la radio y me rajaron las cuatro ruedas del coche", dijo para justificar sus temores. "No tenemos ninguna autoridad sobre los chicos, y la poca que nos queda nos la quitan los padres".
Decían los catalanes viejos que los experimentos, con gaseosa. Posiblemente pronto muchos serán los que lamenten haber experimentado con asuntos serios. Acaso estamos viviendo el resultado de tantos planes vanguardistas y tanta mentecatez. Con una pizarra o una pantalla electrónica como herramienta de docencia, el acto último de aprender -el esfuerzo que requiere estudiar- no ha variado un ápice desde los tiempos de los griegos, y también desde mucho antes que ellos.
Esperanza Aguirre, en calidad de presidenta de la Comunidad de Madrid, quiere conceder a los profesores la condición de autoridad pública como son los jueces o los inspectores de sanidad. Enrique Múgica, defensor del pueblo, prefiere un gran debate nacional sobre la autoridad del profesorado, que culmine en el Congreso de los Diputados. Dice el refrán que más vale tarde que nunca. Espero que no sea ya demasiado tarde.
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