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EL DÍA/AGS., Tfe./Granada
El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, acusó ayer a los gobiernos autonómicos de poner "trabas" a las fusiones entre estas entidades y aseguró que 2010 será el año "más duro de la crisis". Quintás hizo estas consideraciones en la presentación en Granada de los resultados del primer semestre de las cajas de ahorros, cuyo beneficio se redujo el 32,7% respecto del mismo periodo de un año antes, hasta 3.445 millones.
El titular de la CECA explicó que una fusión es uno de los procesos con "mayor transcendencia" para una caja y que, en consecuencia, hay que estudiar con mucho detalle cómo resultará esa unión al final. Añadió que, en contra de lo que puede suceder en el caso de las fusiones entre bancos, las cajas, en sus posibles procesos de unión, "juegan con restricciones, como las de los gobiernos autónomos, que "cuentan" en este tipo de procesos. Acto seguido, aseguró que incluso estas restricciones significan un consumo de tiempo, ya que cuando se ha encontrado una pareja, se puede tener un no, y hay que volver a hacer el camino andado.
También indicó que hay otros condicionantes a la hora de llevar a cabo procesos de unión en la misma región como el solapamiento de oficinas, por lo que indicó que "uno no puede tirarse a nadar, sin tenerlo muy bien pensado, por eso, prudencia", indicó.
Quintas también hizo referencia a la ley de cajas y aseguró que terminará su mandato en la CECA sin poder abordar este tema.
Preguntado por los medios de comunicación sobre el recurso presentado por algunas comunidades autónomas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Quintas aseguró que cada gobierno regional "haga lo que le parezca para defender sus derechos".
Sobre este asunto añadió que las comunidades nombran a una parte importante de los gestores de las cajas, y que incluso tienen influencia sobre una posible designación de su presidente, además de un "representante que vigila y que incluso en algunas regiones las inversiones tienen que recibir la aprobación del gobierno regional". Así reflexionó y se preguntó "si una caja es insolvente como consecuencia de su gestión, si el gobierno autonómico no tiene responsabilidad en este asunto.
"A ver si el Tribunal Constitucional es capaz de sentar criterios razonables sobre esta cuestión", sentenció.
En otro contexto, incidió en que desde hace cuatro meses la mora está rondando siempre el 5%, y no ha experimentado la subida "galopante" de los doce meses anteriores, por lo que podría significar que a final de año el índice podría situarse en un 6%
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