El TSJC obliga a pagar 2,7 millones a Santa Cruz por intereses de demora

LOS TRES ÚLTIMOS EDILES DE ECONOMÍA Y HACIENDA, Díaz-Estébanez, Parejo (ambos de CC) y Llanos (PP)./ J.A.

JOSÉ D. MÉNDEZ, S/C de Tfe.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del pasado 7 de mayo, que ratifica otra del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz, con fecha de 20 de noviembre de 2008, estima "la ilegalidad del artículo 25.3 de las bases de ejecución del presupuesto 2007 del Ayuntamiento de Santa Cruz", el último elaborado por Coalición Canaria, con Manuel Parejo como responsable del área de Economía y Hacienda. Este artículo se refiere al plazo de pago de los intereses de demora en las obras ejecutadas y fue recurrido por Dragados SA. Ha sido el origen del abono de 2.668.500,14 de euros por este concepto a la mencionada y otras empresas con el sistema de reconocimiento extrajudicial de crédito (ver cuadro adjunto) aprobado ayer con el voto en solitario a favor de CC en el Consejo Rector de Urbanismo.

La sentencia ratifica "el derecho a que se le abonen (a Dragados) los intereses de demora (en torno al 5%) desde la fecha de las certificaciones de obra". El TSJC da razón al demandante en el hecho de que hay que establecer el plazo de 60 días antes de que comience la demora por intereses "en la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato", y no como establecía en su redacción el mencionado artículo, "el día siguiente a la fecha de entrada en el correspondiente registro municipal de las facturas o de los documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato".

Este artículo 25.3 de las bases del ejecución del presupuesto fue suprimido por el equipo económico municipal que dirigía el popular Ángel Llanos desde el área de Economía y Hacienda para elaborar las cuentas del año 2009.

El Consejo Rector

El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo aprobó ayer el pago de estos casi 2,7 millones de euros por el sistema de reconocimiento extrajudicial de crédito (cuando se gasta por encima de lo presupuestado). Son intereses de demora reconocidos y no pagados en 2008 (otros sí se abonaron con el dinero del presupuesto) desde la Gerencia por certificaciones de obras, el origen de más del 95% de los pagos municipales por este concepto concreto.

En el Consejo Rector de ayer, según las fuentes, decidió el voto de calidad de la presidenta, la edil del área Luz Reverón, en este punto del reconocimiento extrajudicial de crédito, al registrarse un empate a cinco en la votación. A favor, Reverón, Ilda López, Norberto Plasencia, Manuel Parejo y Antonio Bello, todos de CC. En contra, Ramiro Cuende y Marián Franquet (PSC); Ángel Isidro Guimerá (Ciudadanos de Santa Cruz); Alfonso Soriano y Sheila Trujillo (PP). CC también votó en solitario a favor de la subida de la Tasa de construcciones y obras. Norberto Plasencia achacó la necesidad de pagar "al retraso de dos años en la concejalía de Economía y Hacienda", aunque fuentes del PP consultadas contestaron que "este problema se arrastra desde hace muchos años, bastante antes de la entrada del Partido Popular en el gobierno, y la media de tiempo transcurrido para las transferencias desde el área de Economía y Hacienda a la Gerencia de Urbanismo ha sido de apenas doce días. Lo que ha faltado es efectividad y rigurosidad en el trabajo de otros departamentos".

Las fuentes consultadas calificaron como "curioso que la denuncia haya partido precisamente de una empresa a la que se adjudican la mayoría de las obras por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz".