La alcaldesa declara como imputada por retirar una obra a una constructora

CARMEN NIEVES GASPAR llega al Juzgado de Granadilla de Abona, donde no respondió a la acusación./ j.m.

J.A. MEDINA, Granadilla

Carmen Nieves Gaspar Rivero, alcaldesa de Granadilla de Abona, compareció el martes 8 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción número Uno del municipio en calidad de imputada por el presunto delito de prevaricación como consecuencia de una de las cinco querellas que ha interpuesto contra ella la empresa Asfatesa, debido a que tuvo que abandonar las obras municipales que realizaba en San Isidro en lo que considera fue una "expulsión ilícita".

La compañía se querelló "por la intromisión en un contrato de urbanización que venía ejecutando de una empresa absolutamente ajena que verificó actuaciones parciales". Asimismo, desde Asafatesa se explica que se ha producido el incumplimiento en los pagos de las cuantías pendientes, señalando que dispone de informes periciales "que acreditan la existencia de obra ejecutada por importe de 710.000 euros", que no le han sido abonados y que serán puestos a disposición del juez instructor durante los próximos días.

Esta presunta actuación del consistorio "debilita enormemente el recurso de la defensa de ampararse en la ausencia de certificaciones, cuando el pliego de contratación establece claramente que dicha obligación corresponde al director de obra, quien también ha sido querellado", según se manifiesta por parte de la empresa denunciante.

Asfatesa recuerda que lleva tiempo denunciando que ha sido objeto de una decisión política que le ha producido "una terrible asfixia financiera" provocada "desde el consistorio". Además, ha tenido que "soportar intromisiones de terceros en sus contratos" y, finalmente, "su ilegal resolución".

La empresa llegó a indicar que se ha incurrido en "la utilización en sede judicial de documentos públicos creados unilateralmente por Grasur", una sociedad municipal, en los que "se altera la realidad de las cosas".

La respuesta

Desde la Alcaldía de Granadilla de Abona su titular, Carmen Nieves Gaspar Rivero, manifestó ayer que considera "lamentable que la incapacidad de una empresa para ejecutar una obra en los plazos previstos que se le habían enco- mendado se intente camuflar interponiendo querellas", de las cuales dijo que se elaboraron "sin el más mínimo fundamento y con deficiencias en la calidad jurídica, manifestando, a su vez, hechos falsos".

Carmen Nieves Gaspar tiene claro que, "una vez se produzca el archivo" de la querella por la que ha tenido que comparecer en el Juzgado de Granadilla de Abona, "se tomarán las decisiones oportunas para impedir que advenedizos de la contratación pública se permitan utilizar mecanismos judiciales para intentar realizar una utilización política de este tema en beneficio de partidos con los que mantienen o han mantenido relaciones comerciales".

Con ello alude a la construcción, por parte de Asfatesa, de la sede social del PSC-PSOE granadillero en San Isidro, si bien se ha hecho público que la empresa querellante cobró a los socialistas esta obra, cuyo coste se ha cifrado en más de 178.000 euros. Es preciso señalar que el administrador de la compañía accedió a dicho cargo el año pasado, por lo que no está vinculado a dicha actuación.