El proyecto de dar rango de autoridad a los docentes enciende la polémica

LOS SINDICATOS DOCENTES han aplaudido el anuncio de Aguirre./ el día

AGENCIAS, Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, explicó ayer que situará en los equipos directivos de los centros educativos la "responsabilidad del mantenimiento del orden" en sus instalaciones, lo que compensará con una subida de retribuciones a los jefes de estudio y secretarios.

Aguirre, que hizo este anuncio en el Debate sobre el Estado de la Región, se comprometió a presentar próximamente en el Parlamento autonómico su anunciada Ley de Autoridad del Profesor, que concederá a "todos los funcionarios docentes de Primaria y Secundaria la condición de autoridad pública", una medida que ha sido recibida de forma muy dispar por administraciones, sindicatos de profesores y asociaciones de padres.

Así, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, afirmó que la propuesta debe contemplarse con "mucho cuidado" por las consecuencias penales que pueda tener.

"No seré tan frívolo como para descalificar una propuesta que supongo que está llena de buena intención, pero yo creo que ha de hacerse con mucho cuidado para ver cuáles son las competencias de la comunidad para algo así como dotar de autoridad penal a los profesores", dijo Gabilondo en declaraciones a los medios.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, recordó que conceder rango de autoridad pública al profesorado es una competencia del Estado si se pretende hacerlo con efectos penales, pues la reforma del Código Penal no depende de una comunidad sino que se aprueba en las Cortes Generales.

La Federación de Enseñanza de CCOO, sindicato mayoritario en la enseñanza pública, considera que el profesorado necesita el "respaldo decidido e incondicional" de las administraciones no sólo para evitar que sufran agresiones verbales o físicas en el ejercicio de su labor sino para que, cuando éstas se produzcan, se tramite la denuncia y la sanción correspondiente para el autor de la agresión.

En el mismo sentido, el sindicato ANPE ha recordado que el reconocimiento de la autoridad pública al profesorado es una "histórica aspiración" de su organización.

Por contra, la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ceapa) ha considerado un "despropósito total y absoluto" la propuesta. No comparte esta visión el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonel, que ha aplaudido el anuncio de Aguirre.

De cualquier manera, la Fiscalía General del Estado ya consideraba que los profesores de los centros públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales, por lo que una agresión grave contra estos docentes puede ser calificada como delito de atentado contra la autoridad. Así lo estableció la Fiscalía en una circular dictada en diciembre de 2008.