Simultanear ventajas

CARMEN SANTANA, Tenerife

"Para que una empresa que tiene dotada RIC y que quiera invertir en las acciones o participaciones de una empresa ZEC, se exige que el capital social o la ampliación de capital de dicha sociedad sea como mínimo de 750.000 euros, cuantía poco habitual y realista en el tejido empresarial canario. A modo de ejemplo, en 2008 el capital medio suscrito por las firmas creadas en Canarias se cifró en 23.008 euros, mientras que el de las ampliaciones de capitales ascendió a 358.264 euros".

Con estas reflexiones, recogidas en el Informe Anual 2008-2009, el Consejo Económico y Social (CES) de Canarias apoya la reivindicación del empresariado de las Islas de que la Administración central autorice simultanear las ventajas de la Zona Especial Canaria (ZEC) y la Reserva para Inversiones (RIC) respetando al máximo las tesis del órgano ejecutivo de la Unión, que en su día autorizó la creación de esta área de baja tributación europea -cuya vigencia, además, amplió con posterioridad hasta 2019, de momento- desde la convicción de que es un instrumento cuyo diseño responde a la problemática del Archipiélago como región ultraperiférica.

El propio consejo rector de la Zona Especial Canaria, en la Memoria 2008, llama a revisar de manera más realista la actual compatibilidad entre la ZEC y la RIC si de verdad se quiere desarrollar al máximo la potencialidad de esta herramienta del REF para promover la diversificación de la economía de las Islas, dependiente en exceso del turismo y la construcción. "Admitida a partir de 2007 la suscripción de acciones o participaciones emitidas por las entidades de la ZEC como instrumento para materializar la RIC, si bien con restricciones artificiales que la hacen en la práctica totalmente inoperativa dentro del territorio canario -advierten los redactores de esta Memoria-, procede mejorar su capacidad de atracción sobre actividades diversificadoras y generadoras de mayor valor añadido para el Archipiélago, con la ventaja de incrementar la capacidad del tejido empresarial canario con capital propio". Agregan estos expertos que el actual esquema, "además de resultar discriminatorio entre empresas, impide la conveniente canalización de fondos acumulados en la RIC, actualmente sin salidas productivas".

Acto seguido, en el informe se pone el acento en que para adoptar esta medida no es necesaria la notificación a la Comisión Europea, puesto que la compatibilidad RIC-ZEC siempre fue contemplada por la Carta de Ayuda de Estado en sentido favorable. "Antes al contrario, existe el compromiso de las autoridades españolas de suprimir toda la discriminación en las condiciones de apertura del régimen en cuestión a los residentes y a los no residentes. No estamos en consecuencia, ante una modificación de la ayuda que deba notificarse a Bruselas en aplicación de lo previsto en el artículo 88.3 del Tratado de la Comunidad Europea". Por ello, siempre según los propios rectores de la ZEC, "procedería modificar el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del REF (versión actualizada con los cambios introducidos en dos Reales Decreto-Ley (2/2000 y 12/2006), de modo que habría que redactar de nuevo el mismo suprimiendo los párrafos segundo y tercero del número 2º del artículo 27.4".

El presidente del Gobierno autónomo, Paulino Rivero, ya ha tomado nota de esta reivindicación, que confía en que sea abordada en el Consejo de Ministros que el Gobierno central tiene previsto celebrar en Canarias el próximo 9 de octubre para aprobar un paquete de medidas específicas para paliar los efectos adversos de la crisis económica. Así lo expresó Rivero el jueves pasado, en un encuentro que tuvo lugar en Las Palmas, al máximo responsable del consejo rector del consorcio de la ZEC, Juan Alberto Martín, a quien también mostró su acuerdo con las demandas de que se aproveche la nueva actualización del REF de Canarias para aumentar los límites existentes en las bases imponibles y eliminar el requisito que limita el establecimiento de empresas de carácter industrial a determinadas áreas.

Por lo que a los límites a las bases imponibles respecta, hay que precisar que en la ZEC el tipo reducido del 4% se aplica hasta un nivel concreto de beneficio. Y a partir de ese tope, la empresa tributa al tipo general (30%).

En línea con las tesis del consejo rector de la ZEC, el CES de Canarias en el Informe Anual 2008-2009 advierte de que la mera existencia de una fiscalidad favorable no es atractiva si no se espera la obtención de importantes beneficios. En este punto, afirma que ha llegado el momento de aprovechar la experiencia acumulada y dar de una vez por todas "el apoyo institucional que requiere esta herramienta para promover la diversificación económica. Requeriría entre otras cuestiones de un apoyo de políticas económicas horizontales en sectores de actividad con potencial. Primero para lograr la existencia de cierta base local en las islas y que luego, al amparo de dicha base local, vengan atraídos los capitales exteriores", precisa.

Juan Alberto Martín, en su calidad de presidente del consejo rector del consorcio de la ZEC, ha expresado en reiteradas ocasiones que las Islas saldrán fortalecidas de la crisis económica si saben explotar las ventajas fiscales. Martín, que reconoce que la carestía del suelo industrial es una rémora para la consolidación de la ZEC, ve con buenos ojos propuestas como la de ofertar terreno público en régimen de concesión administrativa que trasladó el año pasado al presidente Rivero el titular de la CEOE-Tenerife, José Fernando Rodríguez de Azero. En este momento nadie discute que mientras la compra del suelo siga suponiendo una elevada carga inicial financiera, no habrá despegue industrial posible del Archipiélago.

Los expertos coinciden en señalar que la extensión de la zona ZEC a todo el territorio canario, la ampliación de los sectores elegibles, la disponibilidad de suelo industrial, la agilización de los trámites burocráticos y la adecuación de los recursos humanos constituyen aspectos de relevancia para que las empresas decidan instalarse en un territorio. Estas cuestiones dependen de diferentes administraciones públicas canarias, por lo que es obvio que se impone una coordinación efectiva si se quieren superar las limitaciones que ahora restan atractivo a la ZEC.