EFE, Las Palmas
El portavoz parlamentario del PSC, Santiago Pérez, cuestionó ayer la "escasa meticulosidad" de la labor del juez ponente de la sentencia del denominado "caso Tebeto", Francisco Gómez Cáceres, y estimó que debió inhibirse en el juicio por ser amigo del demandante.
En una rueda de prensa, Pérez apuntó: "Tras estudiar la sentencia he constatado que hay algunos asuntos a los que el magistrado ponente y presidente de la sala se refiere como si estuvieran probados y yo no los veo probados por ningún lado".
Un caso en el que Gómez Cáceres "debió inhibirse porque se trata de un hecho casi notorio y público que tiene una relación de amistad con el señor Bittini", beneficiario de una sentencia que le otorga el derecho a recibir una indemnización de 103 millones de euros de la Comunidad Autónoma, ya que "no verificó como debiera varios de los argumentos en que se basó su resolución".
Se refirió así a cuestiones, afirmó, como que Gómez Cáceres no se percató de que, si bien en 1982 Bittini solicitó un permiso de investigación sobre recursos mineros en la zona de Tebeto para una superficie equivalente a 36 campos de fútbol, cuando años más tarde pidió autorización para explotar los hipotéticos recursos del lugar sólo lo hizo para una parte equivalente a 6 campos, pese a lo cual reclamó una indemnización como si lo hubiera pedido para el total.
"Y el informe pericial que aportó lo aporta como si él hubiera perdido el negocio de explotar todo el yacimiento minero existente en 36 campos de fútbol, y esto cualquier juez meticuloso lo habría detectado", consideró.
El diputado regional rechazó, además, que "el señor magistrado, en su línea argumental, le atribuye al Gobierno de Canarias una estrategia, una maquinación para dejar en el dique seco los derechos que el magistrado cree que corresponden a Bittini: el derecho a ser indemnizado, y por una cuantía como la que finalmente decretó".
"No hay tal estrategia"
Ello a pesar de que "no hay tal estrategia", aseguró el diputado socialista tras explicar que el magistrado sostiene que el Gobierno regional "aparcó la solicitud del señor Bittini de 1998 y, al tiempo, empezó a tramitar el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) para utilizarlo luego como obstáculo, porque el Plan Insular prohíbe las actividades extractivas en esa zona".
A ello se une el hecho de que, a su entender y también al del Gobierno de Canarias, "el tribunal tenía la obligación de examinar muy concienzudamente la consistencia" del informe pericial que propuso el propietario de Canteras Cabo Verde S.A., único que se tomó como referencia en el caso porque el Gobierno no presentó en tiempo y forma otro para contrarrestarlo.
Ese estudio atribuía al yacimiento afectado un rendimiento potencial muy superior al real, según se ha afirmado luego, y cuya veracidad el magistrado debió constatar "porque estaba en juego una indemnización de más de 100 millones de euros contra la Hacienda Pública de Canarias, y no lo hizo", destacó Santiago Pérez.
En esta línea, y acerca de si insinuaba que Gómez Cáceres incurrió en algún tipo de conducta delictiva para favorecer al que apuntó como su amigo, el portavoz parlamentario del PSC dijo "no estar en condiciones de hacer una aseveración en ese sentido".
© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |Aviso legal | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD
