El 7 de octubre de 2008 comenzaron los trabajos de derribo de las 31 viviendas que formaban el poblado marinero de Cho Vito. De esas, nueve permanecen aún en pie merced, en gran parte, a la lucha de quienes allí vivían y de los que aún quedan en el lugar. Entre ellos está Tomás González, chófer oficial de uno de los departamentos del Gobierno de Canarias convertido en líder de un movimiento que se ha constituido como el referente de la lucha social en las Islas. El "espíritu de Cho Vito sigue intacto o, mejor dicho, creciendo".

Lo dice Tomás González, hoy ya recuperado (o casi) de muchas dolencias derivadas de varios años de esfuerzo "por salvar este lugar de lo que hoy se ve que fue un juego sucio y de trapicheo" con el propósito de "eliminar vestigios de nuestra historia para sustituirlos por la especulación".

Nueve viviendas permanecen todavía en pie, pero podrían volver a ser más en el futuro. Esa es la esperanza y el empeño de los vecinos que "pedimos la reposición de las pertenencias que les retiraron a los que aquí vivían y la reconstrucción de Cho Vito en virtud de los incumplimientos en que incurrieron quienes consumaron esta injusticia".

Tomás González se encuentra a la espera de que los convoquen para acudir a la Comisión Europea a explicar documentalmente todo lo que sucedió. De hecho, asegura que el Parlamento Europeo ha abierto de oficio un expediente informativo para esclarecer lo que ocurrió el 7 de octubre de hace casi un año, con el empleo de la maquinaria y de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En esa línea, indica que el Defensor del Pueblo sigue investigando aquellos hechos, "pero se encuentra con que la administración le pone dificultades para acceder a la información".

Pagan lo que no tienen

Pero el malestar aumenta porque "han tenido que incluir en la declaración de la renta aquello que ya no tienen: su casa". Y eso se produce "al tiempo que desde el Ministerio de Hacienda nos comunican el reconocimiento de la propiedad del suelo que ocupamos en calidad de urbano". Y todo ello "mientras la gente sigue pagando los impuestos municipales".

Tomás González deja claro que "no pido que le tiren la casa a nadie, porque no le deseo lo que hemos vivido aquí ni a mi peor enemigo".

Analizando el proceso seguido desde que en 2005 se hizo notorio el peligro que se cernía sobre Cho Vito, González se muestra apesadumbrado cuando se pregunta "por qué la de Costas es la única ley que se aplica con carácter retroactivo. Eso sí, para ejecutarla en un lado y no en otros".

Tampoco le vale la modificación que ha experimentado esta legislación meses después de las demoliciones, porque "añadieron dos apartados cuya finalidad era salvar los hoteles y las propiedades de lujo de unos cuantos. Una vez más, no se ha mirado por los más débiles".

Es en este punto donde empieza a parecerse a aquél Tomás González que arengaba a sus vecinos a seguir luchando. Lo hace cuando recuerda que "no tiene explicación que la Dirección General de Costas se dedique a recurrir aquellas sentencias judiciales que favorecen a los ciudadanos que se atreven a defenderse ante sus desmanes", en alusión al reconocimiento legal de que la zona del litoral de Agache (Término municipal de Güímar) tiene la categoría de suelo urbano desde antes de la aplicación de la Ley de Costas y el Gobierno central continúa el cauce judicial reglamentado en lugar de limitarse a asumir la sentencia en beneficio de los vecinos.

¿Para qué el Parlamento?

Llegado a este punto, Tomás González se centra en la Cámara autonómica preguntándose "para qué y quién legisla el Parlamento de Canarias, porque no se respetan ni sus decisiones ni sus leyes. Vamos, no las respeta ni el propio Gobierno canario. Para qué el Estatuto de Autonomía si hablan de competencias en materia de territorio, pero las decisiones sobre ese territorio se toman en Madrid, mientras nuestro gobierno mira hacia otro lado. Es evidente que siempre deciden sobre nosotros desde lejos de Canarias".

Convencido aún de que la última palabra sobre el futuro de este poblado favorecerá a la población, aprovecha la ocasión para sentenciar que "aquí se ha actuado políticamente a espaldas de decisiones judiciales y en contra del pueblo. En ese saco metemos a todos los partidos políticos y a todas las administraciones".

En Cho Vito tienen claro que la lucha sigue y que hay otros muchos lugares en las costas de las Islas que están señalados y han de trabajar denodadamente por evitar su desaparición. Esperan que la cercanía de la conmemoración de un aniversario "triste, porque ninguno queríamos lo que pasó", sirva para que nadie "baje la guardia ante tanta injusticia".