Vecinos de Ifara exigen el derribo de un edificio que califican de "ilegal"

EL EDIFICIO se ejecuta sobre la nueva plaza de Llano del Moro./ CEDIDA

JOSÉ D. MÉNDEZ, Tenerife

Un grupo de vecinos de la Urbanización La Ninfa-Ifara vuelve a cuestionar la legalidad de un inmueble actualmente en construcción en la calle Doctor García Estrada. El pasado día 3 de septiembre su representante legal presentó una denuncia con hasta once supuestas irregularidades en el planeamiento urbanístico ante la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz y la Agencia de Protección del Medio Ambiente Urbano y Rural en la que piden, primero, el precinto y, en segundo lugar, el derribo de lo construido. El motivo de llevar el caso a la APMUN está en la posible invasión de suelo público y de suelo categorizado como Rústico de Protección Paisajística.

Las presuntas ilegalidades o incumplimientos de la legislación vigente, siempre según estas fuentes están relatadas en un extenso escrito de 45 folios al que ha tenido acceso EL DÍA, e irían desde la tipología a los usos prohibidos, pasando por aspectos como el incumplimiento de las alineaciones y rasantes o los retranqueos y separaciones a linderos, así como la ocupación del subsuelo. Las fuentes consultadas por este periódico apelan al "cumplimiento de la legalidad por parte de todos como nos exigen a nosotros desde la Gerencia de Urbanismo, que nos envía constantes escritos y nos abre expedientes sin futuro ni fundamento con la idea, pensamos, de coaccionarnos, pero no van a conseguir que nos callemos".

Desde el inicio

"Todo se remonta a enero de 2003, cuando la promotora solicita la licencia de construcción de tres edificios. A partir de ahí comenzó nuestra lucha que ha logrado algunas paralizaciones temporales aunque en la actualidad están trabajando", explican los denunciantes.

De las alegaciones ante Urbanismo se desprende la denuncia de estas personas respecto a una supuesta "legalización de las ilegalidades desde determinados técnicos de la Gerencia" para establecer una especie de normativa "ad hoc que permita construir a algunos sin cumplir con la ley". Asimismo, se quejan de la "inacción absoluta de los técnicos municipales".

Según estas personas, "los proyectos y edificaciones ejecutados en las parcelas 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13 de esta urbanización incumplen el uso y tipología que determina el planeamiento (ciudad jardín extensiva, destinada exclusivamente a viviendas unifamiliares), que no responde a lo que allí se construye (tres edificios, A, B C) y es fácil de advertir visualmente: viviendas colectivas en edificación compacta o cerrada".

Otro planteamiento para el rechazo es que "se proponen y han ejecutado edificaciones para usos terciarios, en concreto hasta para cinco oficinas, que se encuentran expresamente prohibidos en el área".

Por otro lado, existiría un "incumplimiento de las alineaciones y rasantes". Así lo explican: "El viario entre los dos edificios que se construyen tiene un ancho de 10 metros, como quedó establecido tras la modificación puntual del PGOU del año 1992, el vigente y del Plan Parcial de La Ninfa de 1974, aprobada en julio de 2004. La vía se está ejecutando con un ancho de ocho metros y la promotora nunca ha presentado el proyecto de urbanización, lo cual conlleva como grave consecuencia que se está ocupando indebidamente suelo público".

Otras presuntas irregularidades denunciadas son las de la "preparación de la parcelas con desmontes que no cumplen con la ley"; la "ocupación de los retranqueos con oficinas y garajes" o "superar las tres plantas de volumen habitable y los 10 metros de altura que contemplan la ordenanzas del Plan Parcial".

Además, siempre según esta versión, "el inmueble incumple los parámetros de ocupación de suelo (33%), volumen construido y edificabilidad. La superficie construida de viviendas es superior (2.353,74 metros cuadrados) expresándose en los planos que la edificabilidad máxima es de 2.911,21, en ambos casos superior a los 2.884,31 metros cuadrados que, advierte, sin justificación el técnico municipal"

En el extenso documento, por último, se enumeran otras presuntas irregularidades en las construcciones en la cubierta, los patios interiores, la vegetación en los espacios libres y la ausencia de informes jurídicos preceptivos. Todo lo anterior lo exponen estos vecinos para pedir "como medida cautelar, el precinto de toda la obra", paso previo al derribo "para restablecer el orden jurídico perturbado". Estos vecinos rechazan "el cambio de modelo urbanístico propiciado desde la Gerencia porque va contra la ley, la lógica y la realidad consolidada".