EL PRESUPUESTO de una institución pública, sea la que sea, es su alma máter, ya que en este documento se establecen las prioridades, las líneas de actuación y, con ellas, las políticas y estrategias que van a llevarse a cabo para el año en cuestión. Asimismo, permiten fiscalizar la labor de las Administraciones y comprobar, con su grado de ejecución, si sus representantes han hecho la tarea.
De esta forma, echando un vistazo a estos documentos contables, que a nivel estatal adquieren el rango de ley orgánica, tendremos una idea de cuáles son las intenciones reales de los gobernantes y saber si lo que dicen se ciñe a lo que después van a hacer o si, por el contrario, hacen anuncios públicos que luego se quedan en agua de borrajas y, lo que es peor, sin que pase nada de nada.
Así, para analizar un presupuesto resulta imprescindible ver a qué partidas se destina el dinero y en qué porcentaje. Parece que en una situación como la actual debe resultar indiscutible que los recursos públicos han de dedicarse a generar empleo y riqueza y a ayudar a las personas que están en situaciones límites, como también apoyar a familias que están rotas, muchas de ellas pertenecientes a la clase media española, que es la mayoritaria en nuestro país. Núcleos familiares que se han quebrado como consecuencia de la crisis y que, cuando la situación económica empiece a mejorar, seguirán rotas.
La mayoría de los responsables públicos tenemos claro que hay que hacer lo imposible para, si no evitar, por lo menos aliviar estas dramáticas situaciones. Y digo la mayoría porque hay algunos que, lejos de dedicar los fondos públicos a paliar los efectos de la crisis económica, los dedican a gastos superfluos o, lo que es peor, a hacerse propaganda o a intentar sacar beneficio propio.
Al menos esto es lo que se deduce de la información que conocimos recientemente, en la que se indica que en las Islas hay corporaciones que el año pasado se situaron entre las que más recursos destinaron a anunciarse, colocándose al lado de las de mayor envergadura del país sin serlo. Esta circunstancia es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que la mayoría de las entidades públicas está tratando de ajustar su presupuesto a la reducción que han experimentado sus ingresos. De hecho, el Cabildo de Tenerife, ante la grave crisis que ya se avecinaba, el año pasado logró reducir su gasto corriente en 14 millones de euros, convirtiéndose en la primera institución de las Islas que se apretaba el cinturón.
De esta forma, mientras la Corporación tinerfeña se adelantó, hay otras instituciones gobernadas por destacados miembros del Partido Socialista en Canarias que parecen no haberse enterado de lo que está sucediendo, pues un informe sobre la publicidad contratada por el sector público en España en 2008, realizado por una consultora independiente, las sitúa entre las diez corporaciones provinciales o locales que gastaron más dinero en acciones publicitarias.
Para mal de males, en lugar de dedicar este dinero a campañas para prevenir la gripe A, para informar a la población de los riesgos sobre la salud de las altas temperaturas, para publicitar actos culturales o campañas de información sobre sus becas de estudio, siempre, según este informe, se dedicó la mayor parte de estos recursos a acciones de propaganda institucional. Es decir, a darse a conocer entre la población; nos preguntamos si para preparar con tiempo y de manera un tanto irregular la próxima campaña electoral de 2011.
Malgastar el dinero público en épocas de bonanza económica es injustificable, pero esta práctica se convierte en deplorable cuando se lleva a cabo en tiempos de crisis económica como la actual. En momentos como los que estamos viviendo, las Administraciones deben hacer un esfuerzo especial y reducir todo lo que puedan sus gastos, aminorando, por ejemplo, el número de asesores o los gastos de representación. Recordemos aquí que Zapatero tiene 666 asesores y que ha gastado sólo en propaganda del famoso Plan E un total de 41 millones de euros. Muchísimo dinero para publicitar un proyecto que ha promovido la ejecución de obras a veces inútiles, que no han generado empleo estable y muchas de las cuales se han quedado sin terminar.
Los políticos no sólo deben pedir sacrificios a los ciudadanos, como hace José Luis Rodríguez Zapatero, que ya ha anunciado una notable subida de impuestos que aumentará nada más y nada menos que un 5% la presión fiscal en España. A nuestro entender los responsables públicos deben también predicar con el ejemplo y reducir al mínimo las estructuras de las instituciones y, en el caso concreto de ZP, los gastos de Moncloa. Asimismo, en época de crisis hay que plantearse la necesidad de un Ministerio de Igualdad o si sería conveniente fundir varios departamentos ministeriales en uno solo. Efectivamente, sobran ministerios y también secretarías de Estado.
Zapatero no sólo no toma ninguna de estas medidas, sino también que anuncia una Ley de Economía Sostenible que no valdrá para nada, al mismo tiempo que va al paraíso sexual de Cerdeña a hablar de lo que no habla en el Congreso de los Diputados.
* Senador del Partido Popular por Tenerife, vicepresidente y consejero
de Sanidad y Relaciones con la
Universidad del Cabildo de Tenerife
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