¿De las autonomías o del Estado residual?

El resultado de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, sin entrar aquí en el signo de los resultados, ha puesto de relieve, una vez más, el escaso interés o relevancia respecto al papel que España debe tener en Europa. Precisamente en cuanto, ante la resolución de los problemas más urgentes -crisis económica, lenguas, emigración, unidad de mercado, etc.-, la normativa salga de la Unión Europea, con relaciones y consecuencias directas.

La cuestión de las autonomías debiera ser tema de reflexión para todos. Fue discutida la incorporación en el texto constitucional de 1978 del término "nacionalidad", que para algunos fue suficiente para adherirse, más o menos, a un proyecto de España común, aunque fuese con pluralismo. Ahora ha resultado un problema y un freno. Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional y anterior embajador en Italia, a raíz del debate sobre el estado de la nación, se preguntaba, con aportaciones doctrinales y prácticas fundadas, sobre "El Estado, ¿de qué nación?" (El Mundo, 13-5-2009). José María Carrascal, aún refiriéndose en términos generales a la "Ley islámica contra la piratería" (Abc, 7-5-2009), se asomaba a la necesidad de una coordinación para hacer frente a aquel fenómeno de una piratería, aún imaginadamente, que podría afectar a nuestras costas y a varias comunidades, y de una manera especial a Canarias, como el teniente general De Vega describía en un claro artículo, que habría que exigir medios e instrucción y acción coordinada para hacerle frente. El supuesto puede ser lejano. Pero podría poner al vivo las crecientes situaciones de esa interconexión que, por la globalización, desborda la descentralización desmadrada.

Nosotros, en 2006, en la obra "El Estatuto de Cataluña. Una meditación sobre España", ya advertimos que se había producido un "golpe institucional" al proyectarse desde el poder ejecutivo un modelo territorial, sin contar con el pueblo español. El cual, por mimetismo, y además de las ideologías, iba a impregnar todo el cuerpo social. No ha sido la primera vez que como "The Economist", revista económica de primera fila en el mundo, nos haya presentado como "disparate nacional visto fuera de nosotros". Porque nos hipoteca, en este caso, la unidad de mercado.

Afecta, y eso importa más, a la unidad y convivencia. Se vio ya en el impulso de las pitadas en el campo de Mestalla al himno nacional en presencia del Rey, sin estar previsto un "protocolo" de reacción-solución que enmarcase lo netamente deportivo. El Código Civil catalán, prácticamente paralelo al español, es una meta imprevista en la Constitución, que, a lo sumo, vino a recoger las especialidades normativas de las comunidades forales. Valencia tiene ya también su proyecto de testamento mancomunado y un régimen sucesorio diferente. El problema de las lenguas afecta a las familias y a los profesionales que con frecuencia "desertan" de participar, por ejemplo, en concursos de traslados.

De otro lado, en un reciente número de 2009 de la revista "Razón Española", Rodríguez Núñez ha publicado un buen ensayo, bajo el título "El error del Estado de las autonomías", el cual se inició para dar satisfacción a minorías e "intereses". Hasta el socialismo tiene sus contradicciones nacionalsocialistas. Es una de las graves desvertebraciones en que se encuentra España. Ortega y Gasset nos llamaría a repensar si pudiéramos llegar a un Estado residual, inviable no sólo financieramente. Y eso sólo puede hacerse con una ambientación de opinión pública e intelectual, que nos lleve a un pacto de Estado. Para que no sea una epidemia generalizada, sin protocolo, para su medicación urgente. Corrigiendo la ley electoral. Y dejando a los separatismos agresivos, que usan fondos comunes, fuera de las instituciones públicas. No va a ayudar la sorprendente sentencia del Tribunal Constitucional contraria a la del Tribunal Supremo, que legaliza una fuerza separatista. Una sentencia de consecuencias externas e internas imprevisibles.

* Académico. Autor de "España en la encrucijada" (2009)