La "diada" de la crisis

Ya es unánime, entre los observadores de todo el mundo, la convicción de que España será uno de los últimos países, si no el último, en recuperarse de la crisis económica que azota al mundo desarrollado y, como consecuencia inevitable, al planeta entero. También hay una gran coincidencia en fundar este pronóstico en la resistencia de los poderes públicos españoles a poner en marcha las reformas estructurales indispensables en el mundo económico y laboral que alienten la reactivación de la economía.

Resulta ya fatigoso repetirlo una vez más: la economía se recupera siempre, sin excepciones, por la actividad del sector privado, esto es, de la sociedad, y nunca por el protagonismo del sector público, es decir, del Estado y el Gobierno. Y para que la sociedad reaccione y haga el esfuerzo de remontar la crisis son necesarias algunas condiciones muy básicas: confianza en una legislación clara, estable y que se haga cumplir; ausencia de arbitrariedad en los gobernantes; libertades fundamentales para que los ciudadanos puedan organizar sus vidas como tengan por conveniente; mercados dotados de libertad, sin la que no será posible su dinamización de ninguna manera; perspectivas de compensación del riesgo y de castigo a la corrupción.

Se ve claramente que el papel de los poderes públicos es regulatorio y garante del cumplimiento de las leyes y el castigo de quienes las infrinjan; y no el de irrumpir como actor en los mercados ni el de generar incertidumbre normativa. O sea, justo lo contrario de lo que el Gobierno de Rodríguez Zapatero hace y dice que va a hacer.

El penúltimo episodio de este festival de despropósitos es de carácter fiscal. En pocos días hemos pasado de la promesa de una subvención suplementaria a los parados que dejaron de percibir su subsidio en agosto a la ampliación a los que lo dejaron de cobrar en junio y luego en enero; del anuncio de que todos los impuestos están en revisión a la proclamación de que algunos tributos no se tocarán; de la declaración de que sólo se castigarán las rentas de los ricos, cifradas en las superiores a 50.000 euros anuales, a vaguedades sin sentido, una vez comprobado que para hablar de ricos sin sarcasmo hay que subir notoriamente ese listón; y, finalmente, al anuncio del presidente del Gobierno de que se van a subir los impuestos que haga falta y cuanto haga falta para que el Estado se apodere de 16.000 millones de euros anuales más y los retire de los circuitos de la economía libre. Por decirlo en términos benévolos, un completo desastre si de lo que hablamos es de salir de la crisis.

Cataluña

El viernes 11 se celebraba el Día de Cataluña, conocido en toda España con el término catalán de "diada", que significa festividad, fiesta señalada. Ese día fue elegido por los políticos para conmemorar la caída de Barcelona a manos de las tropas de Felipe V en 1714. Algunos dicen que es una extraña fiesta, que lo que recuerda es una derrota, pero Cataluña no es un caso único: Castilla y León, por ejemplo, recuerda el 23 de abril a los comuneros, que fueron aplastados en la batalla de Villalar ese día de 1521, y sus jefes Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado ajusticiados al día siguiente.

El 11 de septiembre ha sido glorificado por los nacionalistas y los separatistas catalanes como si aquella derrota hubiera cortado el camino de Cataluña a la independencia, cuando en realidad fue el último episodio de la resistencia catalana a la implantación en España de la dinastía borbónica en la persona de Felipe de Anjou, contra las aspiraciones del archiduque Carlos de Austria a continuar la dinastía hasta entonces reinante. Pero este tipo de falsificaciones históricas es típico de los nacionalismos, que se han de inventar una Arcadia imaginaria a la que añorar, sea la Cataluña no española, el Euskadi que jamás existió o la Galicia paradisíaca de los suevos con el rey Miro a la cabeza.

Si repasamos someramente los movimientos separatistas, en España y fuera de ella, veremos que siempre cobran cierto auge cuando el poder político legítimo da síntomas evidentes de debilidad. Por eso no ha de extrañar que este 11 de septiembre lo hayan planteado los nacionalistas catalanes especialmente en clave independentista, máxime si a la debilidad patente de Rodríguez Zapatero se añade el escándalo del retraso intolerable del Tribunal Constitucional en publicar la sentencia sobre los siete recursos planteados contra el Estatuto que votó menos del 35 por ciento del censo de catalanes con derecho a voto, y que ahora los separatistas proclaman, con evidente desprecio a la verdad, como ratificado "por todo un pueblo". Pura milonga, en la sexta acepción del diccionario de la Academia.

No hay ningún futuro para estas quimeras, eso lo sabemos todos. Sin embargo, estos pujos separatistas envenenan la convivencia y expulsan a mucha gente de bien, incluso catalana, vasca, gallega o de donde fuere, de su propia tierra porque el mismo aire se hace irrespirable.

La jugada, sin embargo, no les ha salido bien esta vez, porque la angustia de la crisis y el paro insoportable se sobrepusieron a las ilusiones separatistas. La fiesta quedó pasada por agua para el nacionalismo catalán.

Posdata

Mientras todo esto ocurre, esta semana ha estallado el escándalo político del Ayuntamiento de Benidorm, donde el Partido Popular será expulsado del poder municipal por obra y desgracia de un tránsfuga. Y como los socialistas, beneficiarios de la maniobra, tienen firmado un pacto antitransfuguismo con el PP, todos los concejales del PSOE se han dado formalmente de baja del partido. Este vergonzoso paripé para disfrazar la bulimia de poder que infecta a los socialistas. Y para redondear la semana, he aquí que el juez Baltasar Garzón ha tenido que acudir a declarar como imputado de un delito de prevaricación por su surrealista intento de procesar a Franco. Todo va bien, señora baronesa. No hay novedad.