Una vez le oí decir a Fidel Castro, mientras lo entrevistaba en La Habana una periodista de Cubavisión, que hasta de una novela se pueden sacar ideas muy útiles para gobernar un país. No discuto que Castro lea novelas, así como que también lo haga el presidente Rodríguez Zapatero. Dudo, sin embargo, que ambos hayan encontrado alguna vez un concepto en la literatura aplicable de forma provechosa a sus tareas de gobierno, al menos si observamos como está la otrora Perla del Caribe tras cincuenta años de revolución, y como va España con apenas legislatura y media de talante, alianzas y otros buenos rollitos del catecismo progre.
Sea como fuese, lo de las buenas ideas incluso en las malas novelas es verdad. Las ideas aparecen en los lugares más inesperados. Por ejemplo, hasta en un simple anuncio publicitario como el que recibí ayer por la mañana vía correo-e. "Algunos dicen que lo que nos distingue de los animales es la risa. Para otros, la diferencia pasa por la capacidad moral de discriminar lo justo y lo injusto", se dice al comienzo de la misiva. Preguntarnos de vez en cuando, al menos de vez en cuando, qué nos diferencia de los animales resulta interesante; sobre todo teniendo en cuenta que el chimpancé -nuestro pariente vivo genéticamente más cercano en el mundo animal- posee un ADN coincidente con el nuestro en un 99 por ciento. Naturalmente, ese uno por ciento restante no es baladí; a la vista está.
La facultad para reírnos ojalá no la perdamos nunca con independencia de que seamos más o menos humanos. En cuanto a la capacidad moral para distinguir entre lo justo o injusto, las preguntas son todavía más interesantes que las relativas al mapa genético de un macaco, considerando que la estructura neuronal de muchos humanos no alcanza a hilvanar el razonamiento de un mono. En cualquier caso, hay que ser muy inteligente -al menos jurídicamente- para comprender cómo todo un Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha podido valorar en noventa y tanto millones de euros -cantidad que en pocos meses ha ascendido a 103 debido a la acumulación de intereses- el daño que se le ha ocasionado a un particular por el impedimento para explotar una cantera cuyo precio, según los técnicos, no alcanza ni el del papel en el que están escriturados los terrenos. "La concesión de Tebeto no vale un euro", explica el geólogo Ismael Solaz. Así titulaba el pasado viernes una información sobre este caso un periódico de Las Palmas. Periódico que también recogía, en su misma edición, unas interesantes declaraciones de Santiago Pérez: "Algún día hablaremos del juez que dictó la condena", advierte el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias. Se refiere a la condena al Gobierno de Canarias para que pague la multimillonaria indemnización al señor Bittini.
Lástima que Santiago Pérez, tan dispuesto siempre a pedir precisiones y claridades a los demás, nos deje sobre ascuas en este asunto. No obstante, estamos ante una reflexión en absoluto baladí. En su doble condición de político y jurista, al portavoz socialista le concedo de antemano la suposición de la prudencia. Una moderación, empero, que empieza a resquebrajarse en la conciencia ciudadana. Nadie discute las sentencias judiciales abiertamente, pero circulan comentarios sottovoce nada tranquilizadores. Yo no llego a tanto. Esencialmente porque no hace falta que jueces y magistrados actúen de forma torticera para que se dicten sentencias, como la de Tebeto, perfectamente legales pero en absoluto acordes con el sentido común. Al margen de algún que otro caso de corrupción en la magistratura, que los ha habido y han sido depurados por los propios mecanismos previstos por el sistema judicial para estas felonías, los jueces y magistrados se limitan a aplicar la ley con mejor o peor acierto -el error es humano-, pero la inmensa mayoría de las veces guiados por una profesionalidad loable y una rectitud de intenciones de la que no cabe dudar.
El problema, por lo tanto, no está en los tribunales. Está en las leyes que los tribunales se ven obligados a aplicar. Leyes emanadas de un poder que no es el judicial sino el legislativo, condicionado, a su vez, por un poder más difuso -el poder popular, el de las urnas- que guía a los políticos para renovarse cada cuatro años. Por lo tanto, mientras no se produzca un cambio colectivo de mentalidad, habrá leyes que posibiliten atracos al erario como el de Tebeto. ¿Y cuál es esa mentalidad? Pues, sencillamente, la idea generalizada de que el Estado es un ente abstracto susceptible de ser exprimido como un limón, y cuanto más mejor. Hoy con una indemnización, mañana con un subsidio vitalicio y ayer con un suculento sueldo público. Quizá el cambio se produzca cuando nos demos cuenta de que ese dinero público no sale de un cuerno de la abundancia, sino del bolsillo de todos.
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