C. A., S/C de Tenerife
Nueva Rumasa es el relanzamiento del grupo empresarial que fundó y presidió José María Ruiz Mateos, Rumasa, expropiado hace 26 años. El nuevo holding crece entre sombras con el desembolso de importantes inversiones, entre otros lugares, en las Islas.
El hermetismo distingue a este grupo que, pese a los intentos de EL DÏA optó por un silencio que resulta paradójico, ya que quiere proyectar una imagen de seguridad y confianza ante potenciales inversores. En cambio, el holding no parece dispuesto a dar datos que respalden esta percepción.
Y es que, según han declarado en diversos medios los responsables de Nueva Rumasa, esta familia aprendió a poner distancia frente a los micrófonos tras su experiencia en el proceso que los críticos calificaron entonces de "confiscación" del grupo.
Entonces, como ahora, presidía el Gobierno del Estado el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El Ejecutivo de Felipe González aprobó en 1983 la expropiación más polémica producida en democracia, entre otros factores, porque se trataba de un enorme grupo empresarial que aglutinaba unas 700 empresas y contaba con cerca de 65.000 empleados. Se calcula que su facturación rondaba los 2.100 millones de euros.
El Gobierno esgrimió entonces que la expropiación era necesaria porque el grupo podía quebrar y acumulaba una deuda con la Seguridad Social estimada en unos 350.000 millones de pesetas (unos 2.100 millones de euros).
Además, la Administración veía con desconfianza las inversiones que hacía el grupo, percibidas como demasiado audaces, así como los riesgos financieros que asumían los bancos del propio holding. También alegó la falta de auditorías externas y la renuencia a que el Banco de España inspeccionara las cuentas.
El entonces ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, dirigió la operación cuya legalidad cuestionó tanto el empresario como la oposición conservadora, que entonces se aglutinaba en Alianza Popular.
La lucha judicial llegó al Tribunal Constitucional, que en diciembre de 1983 desestimó un recurso de inconstitucionalidad propuesto por los populares tras producirse un empate en la votación de la sentencia.
Pero el fallo de este órgano que avaló la legalidad de la expropiación sólo se produjo ocho años más tarde, en 1991, así como de la posterior venta que realizó el Estado de las empresas que constituían el grupo entonces ya que, debido al importante tamaño del holding, Rumasa se desmembró para facilitar su colocación en el mercado.
Mientras tanto, Ruiz Mateos tenía abierto otro frente judicial, esta vez ante el Tribunal Supremo, al que demandaba la devolución de las empresas del grupo, y otro más ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que pedía una revisión del precio por el que se tasaron sus compañías.
El Supremo rechazó la reversión de las sociedades mercantiles y el Tribunal Superior de Madrid acordó un alza del justiprecio en casi 100 de las empresas.
El nuevo grupo, que dirigen los hijos de Ruiz Mateos, ya cuenta con más de 100 empresas que dan empleo a 10.000 personas, según ha informado el propio holding.
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