V.M., Puntagorda
Lo que hasta hace apenas unos años era un texto desconocido, ahora ya es común para muchas familias: "Incoar procedimiento de recuperación posesoria del dominio público marítimo terrestre...".
Si el pasado viernes el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino amenazaba a través del Boletín Oficial de la Provincia con derribar las casetas ubicadas en el Porís de Tijarafe, uno de los enclaves con más atractivo turístico del municipio, ayer, por el mismo medio, daba diez días a los titulares de 28 casetas ubicadas en la zona del Puerto, en el municipio de Puntagorda, para presentar las alegaciones que estimaran oportunas en defensa de las construcciones, que incluyen tanto casetas como actuaciones en cuevas.
El departamento estatal advierte de que las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación entonces vigente, "serán demolidas cuando no proceda su legalización por razones de interés público".
Hay que tener en cuenta que el alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, se desplazó a principios de año, junto al alcalde de Tijarafe, Marcos Lorenzo, a Madrid para reunirse con responsables de Costas con el objeto de evitar derribos en la costa Noroeste de La Palma, una de las mejor conservadas de toda Canarias.
Después de aquella reunión, la sensación de los alcaldes fue que se desestimaban los derribos y que se optaba por dar valor a estas zonas. Sin embargo, meses después la respuesta de Costas indica, si nadie lo remedia, que sí se tirarán construcciones.
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