Los sindicatos aceptan contener el salarios de los funcionarios

EFE, Madrid

Los sindicatos UGT y CCOO trasladaron en la tarde de ayer al Gobierno una propuesta unitaria para negociar en la Mesa General de la Función Pública en la que estarían dispuestos a una "contención solidaria salarial" de los funcionarios, siempre y cuando se mantenga el poder adquisitivo.

Así lo dijo el representante de los servicios públicos de UGT, Julio Lacuerda, quien aseguró que los sindicatos "esperan que el Gobierno haga una oferta" y descartó que la Mesa General de las Administraciones Públicas se reúna antes del próximo jueves 10.

Lacuerda advirtió de que UGT y CCOO no firmarán una congelación salarial de los funcionarios si ello supone una pérdida de poder adquisitivo y señaló que el acuerdo debe incluir una cláusula de revisión salarial.

Por su parte, el secretario de comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, admitió que los sindicatos "tienen disposición" de que el crecimiento de los salarios sea "más modesto", a cambio de que se recupere el poder adquisitivo en años sucesivos. "Si hay una oferta del Gobierno, independientemente del dígito, que garantice en el plazo de vigencia del acuerdo el mantenimiento del poder adquisitivo, UGT lo firmará", dijo Lacuerda.

De esta forma, explicó que desde el punto de vista presupuestario y ante la crisis económica, el Gobierno puede pedir a los sindicatos una "especie de contención solidaria de los salarios", pero que un acuerdo más amplio debe garantizar el poder adquisitivo de los funcionarios públicos.

"A nuestro juicio, la congelación salarial es que los sueldos no crezcan más que el Índice de Precios al Consumo (IPC), y si es así, estaremos de acuerdo, pero si pueden estar por debajo del IPC, diremos que no", apostilló.

En el mismo sentido se pronunció el dirigente de CCOO, quien reconoció que se reunieron las federaciones de los Servicios Públicos de UGT y CCOO para firmar un documento unitario que trasladaron al Ejecutivo la tarde de ayer.

El Estatuto Básico

En ese documento se exige al Ejecutivo que "desatasque" el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y que no "ha tenido ningún desarrollo normativo".

Asimismo, los dos sindicatos plantean al Gobierno que la Mesa de la Función Pública negocie el mantenimiento del empleo en las Administraciones Públicas.