LAS NOTICIAS que se refieren a la vida o la muerte tienen, por razones obvias, preferencia sobre cualesquiera otras; y si por añadidura tienen relación con la política en materias sensibles y conflictivas, más todavía. Éste ha sido el caso del combate de varias horas librado por las tropas españolas destacadas en Afganistán, del que, afortunadamente para nuestros soldados, se derivaron diecisiete bajas enemigas y ninguna propia. Esta vez.
Salvo que se entienda cínicamente que toda guerra es, a su manera, una operación de paz, ya que el objetivo de toda guerra es terminarse, el episodio del combate de esta semana desautoriza inapelablemente llamar "misión de paz" a lo que desarrollan los soldados españoles en Afganistán. No tendríamos que decir esto ahora, sino mucho antes, sobre todo cuando murieron -curiosa casualidad- diecisiete soldados españoles como consecuencia de un ataque por sorpresa contra los dos helicópteros "Cougar" en aquel país en enero de 2006. Pero en aquella ocasión la versión oficial se obstinó cerradamente en sostener la poco verosímil teoría de que no fue un ataque, sino un accidente. El lector recordará sin duda aquella polémica.
La reacción del Gobierno ha sido filtrar a la opinión pública la posibilidad de que se envíen efectivos adicionales, que los rumores cifran entre doscientos y quinientos hombres más; eso sí, contando con la aprobación del Parlamento, han dicho los filtradores, como si eso no fuera algo exigido. Es seguro que, si se confirma el rumor, el Congreso apruebe esta decisión por gran mayoría, pues el Partido Popular no es previsible que oponga ningún reparo, aunque escenifique su distancia del Gobierno exigiendo más seguridad, más medios materiales, etcétera.
Imagínese si el episodio bélico vivido por nuestras tropas esta semana se hubiera producido bajo un Gobierno de Aznar en vez de Rodríguez Zapatero, teniendo en cuenta el inmenso griterío que la izquierda organizó con ocasión de la célebre fotografía de las Azores en la que aparecían George W. Bush, Tony Blair, José María Aznar y, como anfitrión, José Manuel Durão Barroso (que luego corrió a decir que le habían engañado sus colegas). La izquierda, singularmente los socialistas, utilizó grosera y mendazmente aquella fotografía para acusar a Aznar de "habernos metido en la guerra de Irak", cuando la realidad fue que la cantidad de efectivos militares españoles enviados a Irak fue cero, y únicamente se destacó un pequeño contingente una vez derrocado Sadam Hussein, para colaborar en la reconstrucción del país y, obviamente en el mantenimiento del orden público tras la rendición del ejército iraquí. Es más: cuando fue un barco de guerra español al teatro bélico del Golfo Pérsico (aunque "sólo" en misión de apoyo a los combatientes) fue en la primera guerra de Irak de diez años antes, y era presidente del Gobierno Felipe González. Pero así se escribe la historia, como se suele decir.
El paro
Por lo demás, el inicio del curso político nos ha deparado una cifra de paro de agosto ciertamente dramática: 85.000 nuevos desempleados registrados en el INEM. Según esta estadística, los parados registrados son 3.629.080; pero si quitamos los maquillajes que se han establecido y contamos como parados a los que buscan su primer empleo, los que buscan empleo a tiempo parcial y los que están apuntados a cursos de formación, todos ellos excluidos del conteo, la cifra resultante supera los cuatro millones cien mil, casi exactamente coincidente con la que registra la Encuesta de Población Activa (EPA). Si los cuatro meses que quedan para terminar el año son como casi todos temen, nos acercaremos peligrosamente a los cinco millones de desempleados, lo que significa ponerse al borde del 20% de paro.
Siguiendo al pie de la letra los tradicionales errores de los planteamientos socialdemócratas, el Gobierno sigue obstinándose en ignorar las causas y combatir los efectos de este desastre por la vía de los subsidios, lo que exige o más recaudación de dinero del contribuyente para las nuevas prestaciones improvisadas, o recurrir a aumentar la deuda pública para financiar el enorme déficit que acrecerá el que ya arrastramos. Ahora, después del anuncio del subsidio de 420 euros mensuales para los que dejaron de percibir el subsidio de paro el 1 de agosto, el Gobierno ha decidido ampliar el plazo hacia atrás, al 1 de enero.
Es inocultable ya la desorientación de un Gobierno que no sabe ni qué hacer ni adónde ir; y algunos de los importantes colaboradores del Ministerio de Economía han decidido emprender la huida, como ha sido ahora el caso del ex ministro Jordi Sevilla, que ha anunciado repentinamente su renuncia al escaño de diputado, donde presidía la Comisión de Economía, para irse al sector privado. No hay que sorprenderse de esto: la política económica es disparatada, todos los que tienen algún conocimiento económico que supere las dos tardes de aprendizaje lo saben, y algunas personas han decidido bajarse de un carro antes de que quede arruinado no sólo el país, sino también su prestigio profesional por estar montadas en él.
Diálogo
Pero lances como éste no le importan gran cosa al presidente del Gobierno, aunque la defección del que le dijo que en dos tardes aprendería los rudimentos económicos no sea plato de gusto. Zapatero está en otra cosa: concretamente, en las cuentas para mantener la mayoría parlamentaria indispensable que no le obligue a adelantar las elecciones. Así que ahora ha puesto en marcha otra táctica, que es la de predicar que va a recurrir al diálogo con partidos políticos, sindicatos y otras instituciones sociales para todo. Y ha empezado convocando a un almuerzo de trabajo a los dirigentes de los dos mayores sindicatos, UGT y CC.OO., y al presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, con el pretexto de estudiar su penúltima ocurrencia, que es una futura ley que llama de "economía sostenible".
El caso es mantenerse en el poder. Pero esto tampoco es ninguna novedad, y el propio Rodríguez Zapatero tampoco pretende ocultarlo.
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