El Consejo de Estado y la reforma de Estatutos

LAS DECLARACIONES -16 de agosto- del ministro de Justicia, profesor Caamaño, quien en su cargo técnico en el equipo del presidente del Ejecutivo había sido una de las personas que revisó el proyecto de Estatuto de Cataluña, puliendo determinados preceptos, y acercándose a la constitucionalidad en bloque del Estatuto, que así debería llevarse en el Congreso de los Diputados, han tenido una repercusión inusitada. La respuesta, si no la más ponderada, fue la del también profesor de Derecho Constitucional y catedrático Jorge de Esteban, en "El Mundo" de fecha 18-8-2009, calificándolas de desafortunadas. (A la bibliografía que aquellas declaraciones a Europa Press provocaron me remito a un trabajo para la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, titulado "Reflexiones sociopolíticas sobre el Tribunal Constitucional"). No he llegado a referirme a otras muchas actitudes. Cito las que el 16-8-2009, y en diversos periódicos catalanes, en Abc y El Mundo han llegado a reflejar la cuestión -desafiante para el tripartito catalán-. Parece que ya no se trata de "movilizaciones", ni de abandono temporal de los escaños, y sí de acelerar 20 leyes por el Parlamento para completar el desarrollo del Estatuto, que ya ha contado con unas 40 normas en cuestiones que han sido calificadas en diversos recursos como anticonstitucionales. Ya en nuestra obra "El Estatuto de Cataluña como instrumento jurídico. Una meditación sobre España"(2006) aludimos al riesgo de una política de hechos consumados que el retraso del Tribunal Constitucional podría motivar. Hasta el punto de que los titulares actuales van en esa otra línea de presión: Montilla y su gobierno amenazan a Zapatero si dicho tribunal recorta el Estatuto. (Rubalcaba -buen físico, pero no jurista-, como buen pasiego de paternidad franquista, ingenuamente (¿) se apunta al valor superior que tiene un Estatuto).

Esta glosa, casi de urgencia, quiere en especial limitarse a que en la polémica no se suele citar la doctrina del Consejo de Estado, largamente estudiada, durante más de un año, cuando Zapatero, el 5-3-2005, pidió a dicho Consejo un informe sobre la preferencia del varón en la sucesión, la reforma del Senado, los nombres de las comunidades autónomas y la incidencia que podría tener en la Constitución la proyectada Constitución europea. En aquella obra antes citada, reflexionamos nosotros y reprodujimos una síntesis de las respuestas del Consejo de Estado en el tema autonómico. Ratifica abiertamente el tema de la nación, analiza el efecto de la Transición, como políticamente más descentralizado, analiza las diferencias con un Estado federal o confederal, explicando que estamos en un estado "compuesto", pero no distinto. Valora los principios de igualdad y solidaridad, claves en la Constitución, no pudiéndose modificar ésta desde un Estatuto de Autonomía. En un tratado posterior, "España en la encrucijada"(2009) nos hemos vuelto a referir a los efectos que debiera tener esta doctrina del Consejo de Estado sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero, como apenas se argumenta en uno y otro sentido, me permito, en esta hora de confusión, recordar que puede ser grave imponer desde un poder ejecutivo autonómico el modelo de Estado, porque eso sí que sería fuertemente anticonstitucional.

* Jurista. Académico