Santa Cruz de Tenerife, EFE La Intervención municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de tenerife ha advertido en un informe de una posible desviación de poder en la aprobación del decreto de emergencia social en la ciudad, ya que no se ha justificado objetivamente la situación extraordinaria en que se sustenta.
El grupo municipal del PP hizo hoy públicos tres informes, dos de la Intervención y uno de la Tesorería del Ayuntamiento fechados entre mayo y julio, en torno a este decreto y a la consiguiente creación del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), un organismo autónomo que según estos órganos fiscalizadores se ha constituido sin cumplir los requisitos legales.
El concejal del PP Alfonso Soriano denunció la "chapuza" del alcalde, Miguel Zerolo, y del concejal de Asuntos Sociales, Ignacio González, y expresó sus sospechas de que detrás del decreto de emergencia social y de la creación del organismo autónomo no está mejorar los servicios para los necesitados, sino que se esconde el interés de crear un organismo al que adscribir personal de confianza nombrado a dedo.
La posible desviación de poder que menciona el informe de la Intervención en la aprobación del decreto de emergencia social se refiere a que no se justifica lo extraordinario de la situación, y por tanto una medida que en principio debe ser temporal (hasta que pase la supuesta catástrofe) se puede transformar en permanente.
Soriano dijo que su grupo político al principio confió en la buena fe del alcalde cuando aprobó el decreto, pero el PP se ha extrañado mucho de que, pasados más de tres meses, ningún otro ayuntamiento de España, muchos de ellos en peores circunstancias, haya hecho lo mismo.
El concejal del PP vinculó esa declaración de emergencia social con el descenso del turismo en la ciudad, donde, según dijo, ha caído un 20 por ciento más que en el resto de la isla.
Los visitantes asocian la emergencia social con problemas de orden público, dijo.
En uno de sus informes, la Intervención municipal precisa que "la extraordinaria y urgente necesidad" está prevista en la ley para casos de catástrofe, infortunio público o grave riesgo, pero el decreto del alcalde no aporta elementos objetivos, tales como indicadores socioeconómicos, para demostrarlo.
La Tesorería rechaza en su informe un pago al IMAS proveniente del presupuesto municipal porque no se conocen las competencias de este nuevo organismo y no hay amparo legal para la modificación presupuestaria.
En otro informe sobre el proyecto de creación del IMAS, la Intervención pone de manifiesto que no se especifica la repercusión económica ni financiera del nuevo ente, lo que supondría habilitar créditos extraordinarios no previstos, ni se han cumplido los requisitos administrativos para su constitución.
Además, el informe de la Intervención señala que los estatutos del IMAS no incluyen el régimen de selección de su personal ni la cuantía máxima de los contratos que puede suscribir el organismo, y se señala que el puesto de tesorería debe ser cubierto por un funcionario.
La Intervención recuerda que la demanda de nuevos y mejores servicios por parte de los ciudadanos no debe trasladarse en aumento de gasto ni de la complejidad administrativa, sino de eficiencia.
Según Alfonso Soriano, estos informes son "demoledores" porque muestran cómo en el decreto de emergencia social y en la creación del IMAS se han saltado "las normas más elementales" de la administración pública.
La concejal del mismo partido Sheila Trujillo calificó de oscura, turbia y gris la gestión del área de asuntos sociales desde que fue cesada por el alcalde la anterior responsable, Ángela Mena, para sustituirla por Ignacio González.
Acusó a este concejal de haber cesado al primer gerente del IMAS por no aceptar sus presiones para que firmara "determinados informes" y aseguró que todos los funcionarios del área de asuntos sociales quieren cambiar de departamento desde que llegó Ignacio González.
Ni siquiera el decreto de emergencia social y la creación del organismo autónomo han servido para agilizar las ayudas sociales, ya que hay 400 pendientes de pagar a sus beneficiarios desde hace quince meses, dijo.
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