Sólo el 17% de los solicitantes de una ayuda de dependencia la percibe ya

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

Canarias continúa en los últimos puestos en lo que a beneficiarios de la Ley de Dependencia se refiere, a juzgar por las cifras publicadas por el Instituto de Mayores y Seguridad Social (Imserso) en relación al número de prestaciones que ya se han hecho efectivas. Así, de las 23.140 solicitudes presentadas en el Archipiélago desde enero de 2007 hasta el 1 de agosto de este año, 16.170 cuentan con dictámenes, lo que supone un 69,87%, sin embargo, personas beneficiarias con derecho a prestación se registran 13.538, es decir, un 58,50%.

No obstante, las personas que ya perciben algún tipo de prestación son 3.897, lo que supone un 16,84% del total de solicitudes año y medio después de la entrada en vigor de la citada ley.

Especialmente significativo es el dato de que 8.885 solicitantes están a la espera a la espera de que o bien los trabajadores sociales de la propia Dirección General de Servicios Sociales, o bien los municipales, o incluso los del turno creado por el Colegio de Trabajadores Sociales, elaboren y presenten el Plan Individual de Acción (PIA).

Este informe, preceptivo para obtener cualquier tipo de prestación, no es demasiado complejo, si bien el volumen de trabajo que actualmente soporta el colectivo de los trabajadores sociales como consecuencia del aumento de solicitudes de ayudas sociales de toda clase hace prácticamente imposible que puedan atender también esta demanda, pese a que en Canarias la Consejería de Bienestar Social y el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales han firmado un convenio en este sentido.

De este modo, los solicitantes de ayudas esperan meses (hay cálculos que apuntan hasta 15 meses de retraso) hasta que finalmente los trabajadores sociales les visitan, estudian su caso y hacen el informe social final, y otro tanto hasta que finalmente les viene concedida la prestación o el servicio.

Así las cosas, sólo el 28,7% del total de personas que tienen reconocido el derecho a la ayuda ya la disfrutan, por lo que el 71,3% sigue sin ella.

Desde el Gobierno de Canarias se ha explicado esta circunstancia señalando a las dificultades habidas en la implantación de este nuevo sistema, puesto que en el Archipiélago ya existía otro autonómico, y también a la falta de entendimiento que hasta ahora ha habido en la concesión de fondos para el desarrollo de esta norma, sobre todo en lo relacionado con la financiación para la construcción de nuevas infraestructuras.

La consejera canaria de Bienestar Social, Inés Rojas, incluso manifestó en una intervención parlamentaria celebrada el mes de junio que en Canarias se están construyendo 1.500 plazas para atender a las personas dependientes que se unirán a los 126 centros que ya existen.

En este punto, Rojas recuerda que en total en Canarias se atiende a " más de 30.000 personas, no por la Ley de Dependencia, sino por nuestro propio sistema, y estamos construyendo estos centros con nuestros propios fondos, porque para eso este Gobierno ha invertido más de 87 millones de euros".

Respecto a los fondos recibidos hasta el momento para sufragar la implantación de la nueva ley, vigente desde 2006, Rojas aclaró que "se han dedicado a pagar a nuestra gente las prestaciones que le correspondían, porque les recuerdo que una vez que se les concede se les tiene que pagar de forma retroactiva".