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EFE, Valencia
El secretario regional del PP y portavoz del partido en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, informó ayer de que ha denunciado ante los tribunales la "persecución política" de la que se ha sentido víctima "desde las más altas instancias del Estado".
Costa informó de esta denuncia en una rueda de prensa en la que también anunció que su grupo va a solicitar la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, en la Comisión de Coordinación de la Cámara autonómica.
El dirigente popular, quien fue imputado junto con el president de la Generalitat, Francisco Camps, y otros ex altos cargos del Gobierno valenciano por su relación con alguna de las empresas del "caso Gürtel", manifestó respaldar todas las declaraciones realizadas por la dirección nacional de su partido sobre la existencia de escuchas ilegales a miembros del PP.
Costa, quien informó de que la denuncia se presentó ante el Juzgado Decano de Madrid a finales del pasado mes de julio y aún no ha sido admitida a trámite, sostuvo haberse sentido víctima de una "persecución silenciosa y propagandística, en donde se instrumentalizan los mecanismos del Estado y los medios de comunicación".
En este sentido, recordó que se han hecho públicas partes del sumario que le afectaban a él, "con premeditación, alevosía, marcando los tiempos y a un determinado grupo de comunicación" con el objetivo de "perjudicar" su imagen y la del partido al que representa.
Estas filtraciones, sostuvo, sólo las ha podido hacer un "funcionario público" que tiene que "custodiar" información que está "bajo secreto de sumario" y que ha sido "utilizado" para que se filtraran a los medios de comunicación algo que el PP no va a "cejar en denunciar" porque no son "vasallos ni sumisos".
Costa se puso como un "ejemplo" de esta persecución y destacó que esta denuncia persigue conocer "quién es el responsable de realizar las grabaciones, de custodiar los sumarios secretos y quiénes son los responsables de que haya aparecido eso en los medios de comunicación".
El portavoz popular se preguntó si hoy le toca al PP, "cuándo le tocará a una asociación de la sociedad civil" y se planteó "dónde están los límites".
Respecto a la petición de comparecencia de De la Vega y Conde Pumpido informó de que el objetivo es conocer si ha habido "una violación premeditada de ese espacio" que debe existir entre los distintos poderes del Estado "con el único objetivo de seguir atacando" al presidente de la Generalitat y otros cargos del PP.
El portavoz del PP en el Parlamento valenciano admitió que la vicepresidenta y el fiscal general no tienen la "obligación legal" de comparecer en Les Corts Valencianes y puntualizó que están a merced de la "voluntad política de transparencia que tenga el Partido Socialista", aunque les animó a aceptar la propuesta ya que sería "una ayuda" para "limpiar" la imagen del Gobierno.
Según Costa, De la Vega "de dar explicaciones no sabe nada, sabe escurrir el bulto mientras el Estado de Derecho pierde credibilidad y la independencia de la Fiscalía salta por los aires".
Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguró ayer que existen "indicios suficientes" para suponer que "en la persecución de que está siendo objeto el partido, ha habido utilización en distintos grados y de distintas formas de conversaciones telefónicas".
En rueda de prensa posterior tras el Consejo de Dirección del Partido Popular, el dirigente del PP informó de que la denuncia presentada en los juzgados habla de "interceptación de las comunicaciones" por lo que estima que ahora "lo normal" sería que la Policía y la Fiscalía se interesasen, "y no que a uno le insulten".
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