Régimen ZEC

CARMEN SANTANA, Tenerife

Con el objetivo de promover el desarrollo económico y social de las Islas y diversificar su estructura productiva, la Comisión Europea autorizó de manera oficial el 18 de enero de 2000 la creación, dentro del Régimen Económico y Fiscal (REF), de la Zona Especial Canaria (ZEC), un área de baja tributación. El acuerdo se comunicó a las autoridades españolas mediante una carta fechada el 4 de febrero. Los términos de dicha autorización se concretaron en el ordenamiento interno en el Real Decreto-Ley 2/2000 que entró en vigor el 24 de junio, que modificó la Ley 19/1994 en lo que se refiere a la ZEC.

La principal razón de que las negociaciones entre las autoridades españolas y comunitarias para lograr la aprobación de la ZEC, que se abrieron a mediados de 1994, se extendieran por espacio de seis años fue que a escala internacional se había abierto una auténtica guerra para poner coto a los paraísos fiscales. De ahí que se mirara con especial recelo la propuesta inicial de creación de la ZEC, que aspiraba a dotar a Canarias de una zona off-shore, de larga duración, estanca para los residentes y con un peso relevante de la banca y los seguros. Unas pretensiones que chocaron con varias políticas comunitarias.

Ahora bien, Bruselas finalmente dio cumplimiento al compromiso que asumió con el Gobierno español dentro de las reformas realizadas al REF de 1972 tras la adhesión de Canarias a la UE. La Ley 19/1994, de 6 de julio, preveía la creación de una zona especial que promoviera el desarrollo económico y social de las Islas. Y en 2000 se alcanzó un acuerdo sobre su configuración definitiva.

Entre otras ventajas de la ZEC, el Gobierno de Canarias, en sus distintos folletos explicativos sobre esta herramienta del Régimen Económico y Fiscal, coincide en poner de relieve que la misma permite a las empresas importantes beneficios fiscales, "como un bajo tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades (4% frente al 35% aplicable en el resto del territorio español), del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes, y exención total de tributación indirecta por aquellas actividades desarrolladas dentro del área de operación".

Las empresas ZEC deben reunir una serie de requisitos legales, entre ellos ser de nueva creación y tener su sede principal en el Archipiélago, y realizar inversiones en los dos primeros años desde su autorización por un importe de al menos cien mil euros en la adquisición de material y trámites administrativos que deben permanecer en la Zona Especial Canaria mientras dure la actividad. Además, tienen que crear un mínimo de cinco puestos de trabajo en el ámbito geográfico de la ZEC dentro de los seis meses siguientes a su autorización y no bajar de ese número el promedio anual de plantilla durante el periodo de disfrute de este régimen.

La extensión física y territorial de esta zona de baja tributación europea depende de la naturaleza de la empresa. Así, en el caso de entidades cuyo objeto sea la realización de actividades de servicios, podrán establecerse en cualquier parte del territorio canario. En cambio, respecto a las entidades cuyo objeto sea la producción, transformación, manipulación y comercialización de mercancías, su ubicación está limitada a determinadas áreas específicas (zonas próximas a los puertos y aeropuertos canarios, así como determinados polígonos industriales).

Durante el intervalo comprendido entre los años 2000 y 2008, el Consejo Rector de la ZEC ha concedido la autorización para el disfrute de los beneficios contemplados en la Ley 19/1994, modificada por el Real Decreto-Ley 2/2000 y el Real Decreto-Ley 12/2006, a un total de 593 empresas, con un compromiso inicial de creación de 5.597 puestos de trabajo y una inversión comprometida de 967.061.329 euros, según datos del Consorcio de la ZEC.

La Zona Especial Canaria, que recibió el visto bueno de la Comisión Europea en el año 2000, en este momento tiene garantizada su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 (Real Decreto-Ley 12/2006), un periodo prorrogable previa autorización del órgano ejecutivo de la Unión. Está gestionada por un organismo consorciado entre los Gobiernos central y de Canarias, adscrito al Ministerio de Hacienda, que preside en la actualidad Juan Alberto Martín Martín.