A MANUEL DE PRADO, miembro del Comité provincial tinerfeño de UPyD, políticamente hablando sólo lo conocen en su casa. No quiero, sin embargo, expresar de esta forma el hecho de que como hombre público sea una persona bastante anónima. Aunque no salga casi a diario en los periódicos, eso es innegable, tanto él como cuantos forman parte del partido que lidera Rosa Díez -acaso la única flor en el actual estercolero nacional- pueden permitirse el lujo de decir lo que piensan sin pensar en los corolarios electorales de sus palabras. En consecuencia, ignoto o popular, Manuel de Prado me merece mucho respeto. Su denuncia del despilfarro que unos y otros hacen del dinero público no es original, desde luego, pero tampoco está de más recordar la constante sangría del erario.
Se queja Unión Progreso y Democracia -el partido de Rosa Díez, Manuel de Prado y otros- que tanto los ayuntamientos como los cabildos y el propio Gobierno de Canarias dilapidan el dinero de los contribuyentes en proyectos que luego son inútiles, e incluso que hay que demoler. Según este partido, a lo largo de los últimos años el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, en ocasiones solo y otras veces en compañía del Cabildo, ha emprendido hasta un total de cuatro proyectos de gran envergadura, e indefectiblemente todos ellos se han extralimitado tanto en el tiempo de ejecución como en el presupuesto inicial, según dice textualmente la noticia al respecto publicada por este periódico. Eso sin contar, según UPyD, que ocho sociedades participadas por la Corporación insular pierden dinero año tras año. No escapa a las críticas de este partido el Parlamento de Canarias, pues la UPyD recuerda, asimismo, que está dispuesto a comprar los edificios anexos a su localización, "noticia que suponemos recibirán con alegría los dueños de dichos inmuebles, toda vez que hay un precedente judicial de cómo los tienen que pagar tras la expropiación forzosa que se acometió gracias al consejero de Presidencia, José Miguel Ruano". Bueno, entonces Ruano no era consejero sino asesor jurídico -o algo así- de la Cámara legislativa. Quiero pensar que el Parlamento tiene ahora mejores adjuntos, habida cuenta de que las recomendaciones de Ruano nos salieron bastante caras a todos.
La UPyD tiene razón, pero dejemos -de momento- a los ayuntamientos, cabildos y al Ejecutivo regional. Hay un asunto sobre el que llevo haciéndome preguntas varias semanas. ¿Había necesidad de colocar centenares de carteles, posiblemente miles, anunciando el denominado PlanE? Ya saben, el Plan español para el estímulo de la economía y el empleo puesto en marcha por el Gobierno de Zapatero. Una medida acertada, todo hay que decirlo, que también he visto en otros países europeos. Pero sin carteles. En España los he encontrado por doquier. El primero lo tengo a un kilómetro de mi casa, y me he tropezado con ellos en Galicia, Cataluña, las Vascongadas, Madrid y en no recuerdo cuántos lugares más. Ni una simple obra para arreglar una acera carece de él. ¿Cuánto nos está costando saber que el Gobierno es sensible con una crisis que antes negaba? No son carteles de cartón piedra, sino de los caros. ¿Cuántos personas se hubieran podido contratar, incluso sin subir los impuestos, con el precio de esta propaganda zapateril y chusca?
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