El Gobierno recurre al Constitucional la instalación de parques eólicos marinos

O. GONZÁLEZ, Tenerife

El Gobierno de Canarias recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) para que éste resuelva un supuesto conflicto de competencias con la Secretaría General de Energía y con la Secretaría General del Mar, en cuanto a la aprobación de estudios energéticos ambientales en el litoral para instalar parques eólicos marinos.

Así lo anunció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, quien puntualizó que el Ejecutivo canario ya hizo un requerimiento a los citados departamentos gubernamentales considerando que las competencias sobre esta autorización la ostenta la Comunidad Autónoma.

"Como quiera que se ha respondido ratificándose en su criterio principal, contrario al del Gobierno de Canarias, se ha acordado recurrir al Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias con las Secretarías", explicó Marrero, quien compareció junto a la consejera regional de Sanidad, Mercedes Roldós.

En concreto, el Alto Tribunal tendrá que dirimir a quién pertenece la competencia en cuanto a la aprobación de estudios energéticos ambientales en el litoral para aprobar parques eólicos marítimos.

Marrero recordó que otros conflictos competenciales con el Estado se han podido resolver en una primera fase, la del requerimiento, dando la razón el Gobierno de España a la Comunidad Autónoma o viceversa.

En este caso concreto, sin embargo, no ha sido así, precisó el portavoz regional, ya que ambas instituciones consideran que tienen la potestad de autorizar la instalación de los parques marítimos off shore o en el mar, por lo que será el Tribunal Constitucional quien deba resolver este conflicto.

"Huida hacia delante"

Por otro lado, pero también en relación con la Administración estatal, Marrero consideró que el Ejecutivo central ha emprendido "una huida hacia adelante o una concatenación de errores" respecto a la política fiscal, y consideró que transmite una incertidumbre que no es aconsejable en tiempos de crisis.

Marrero contrapuso a esta actuación de la Administración estatal "la hoja de ruta" del Gobierno regional, y recordó que el Ejecutivo canario ha anunciado que subirá el impuesto sobre el tabaco para crear empleo ligado a las tareas de conservación del medio ambiente y el paisaje.

Al respecto, precisó que el Gobierno autonómico está en la fase de elaboración del proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2010, en el que se concretarán el resto de figuras fiscales que, en todo caso, añadió, "no experimentarán incremento".

Informe del CES.- Marrero anunció ayer también que el Consejo del Gobierno de Canarias acordó en su sesión de ayer solicitar el informe al Consejo Económico y Social de Canarias sobre el Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012. El portavoz indicó que esta nueva iniciativa, que movilizará 2.800 millones de euros, prevé beneficiar a 135.000 familias, y aseguró que el plan anterior (2005-2008) superó sus objetivos en un 15%.

Plan Canario de FP.- El Consejo de Gobierno aprobó también ayer el Plan Canario de Formación Profesional 2009-2012, "que pretende ser la hoja de ruta que permita alcanzar el reto de disponer de un modelo de formación profesional dinámico, de calidad, adaptado las particularidades de las personas, de las empresas y del territorio canario".

Fiestas Autonómicas.- El Gobierno de Canarias aprobó ayer el Proyecto de Decreto por el que se establece el calendario laboral de la Comunidad Autónoma para el año 2010. Serán festivos el 1 de enero, 2 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, o de diciembre y 25 de diciembre. Además, será festivo el 6 de enero, el 1 de abril y el 31 de mayo, puesto que se traslada el Día de Canarias al caer en domingo.

Mejora ambiental.- El Consejo de Gobierno autorizó ayer un gasto de más de dos millones de euros para la mejora ambiental y paisajística en Canarias. Con esta actuación, el Ejecutivo "cumple" con su objetivo de destinar partidas presupuestarias a políticas que a la vez que protegen y mejoran el medio ambiente, suponen crear puestos de trabajo y una inversión pública conducente a combatir la crisis.