La oposición pide a la OEA constatar la violación de los derechos humanos

EL ALCALDE MAYOR DE CARACAS, Antonio Ledezma, anunció la iniciativa que llevarán a cabo ante la OEA./ el día

EFE, Caracas

La oposición venezolana anunció ayer que solicitará a la Organización de Estados Americanos (OEA) que envíe a Venezuela una comisión para que constate supuestas "violaciones" a los derechos humanos atribuidas por parte del Gobierno del presidente Hugo Chávez.

El alcalde mayor de Caracas y líder opositor, Antonio Ledezma, informó de que introducirá un documento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para "solicitar la presencia in situ de una comisión".

"No hay razón ni pretexto valedero para que el Gobierno de Venezuela se oponga a que se traslade a nuestro país una comisión de este nivel" de la CIDH, declaró Ledezma a los periodistas.

Ledezma y otros opositores venezolanos pidieron, el pasado 21 de julio en Washington, al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que actuara con carácter preventivo e hiciera un "pronunciamiento" para salvaguardar la democracia en Venezuela y evitar así "males mayores".

"No queremos que (...) vaya un médico forense a ver cuántos cadáveres va dejando la violación del Estado de Derecho, sino que aspiramos a que la OEA actúe con carácter preventivo, que haga un pronunciamiento frente a esta situación de ausencia de diálogo, de beligerancia permanente", dijo entonces Ledezma.

La oposición acusa al Gobierno de Chávez de "perseguir" y "criminalizar" a la disidencia en el país, y a esa conducta atribuye acciones como la detención este jueves del prefecto de Caracas y dirigente opositor Richard Blanco.

Blanco es acusado de haber presuntamente atacado a un oficial de la policía el pasado sábado, durante una marcha opositora contra la nueva Ley Orgánica de Educación, lo que el acusado ha negado.

La oposición también denuncia que el Gobierno de Chávez infringe derechos como el de la libertad de expresión e información, con decisiones como el reciente retiro de licencias de transmisión a 34 radios con el alegato de que operaban de forma ilegal porque no actualizaron sus datos ante el ente rector del sector.