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EUROPA PRESS, S. Sebastián
El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera acordó ayer interponer una denuncia o querella ante la Jurisdicción Penal contra el ex alcalde del municipio y portavoz de CC en el consistorio, Manuel Herrera, los ediles Víctor Herrera y Domingo Curbelo, y Enrique Castilla, administrador único de Olycanarias Tenerife S.L. y Reprográficas Isla de El Hierro y representante de Siemens Renting S.A.
El Pleno del consistorio -con la ausencia del portavoz de Coalición Canaria y los dos ediles de su grupo político, Fara Vera y Humberto Plasencia- ha acordado también reclamar en concepto de responsabilidad patrimonial a Manuel Herrera la suma que se determine, aunque unas primeras estimaciones hablan de que puede rondar los 24.000 euros, en calidad de presunto responsable de las contrataciones nulas de pleno derecho con las empresas Olycanarias Tenerife S.L. y Siemens Renting S.A. como un engranaje más del "caso de las fotocopiadoras" y en base a lo establecido en la Ley 30/1992 sobre exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, según informó ayer el grupo de gobierno en un comunicado.
El Pleno también acordó ampliar la denuncia o querella, si procede, a cuantas personas resulten imputadas en la presunta comisión de los delitos que se califiquen.
El preceptivo dictamen jurídico, cuyo encargo fue aprobado en Pleno de la Corporación por unanimidad y que fue tomado ayer en consideración, determina que el objeto del contrato de arrendamiento suscrito el 28 de mayo de 2008 eran 8 fotocopiadoras del modelo Toshiba e-Estudio 233 y una del modelo Toshiba e-Estudio 281-c. Sin embargo, lo realmente instalado era de calidad inferior ya que sólo se instalaron 3 fotocopiadoras del modelo Estudio 233, otras tres del modelo 281c, dos del modelo 167 y una del modelo 200.
El dictamen jurídico establece también que el precio de mercado de las fotocopiadoras estipuladas en el contrato de 28 de mayo era de 35.000 euros, mientras que el valor de las realmente instaladas no superaba los 24.000 euros.
En este punto se determina que resulta sorprendente que unas fotocopiadoras cuyo precio de compra es de 24.000 euros sean alquiladas por cinco años a un precio de 120.000 euros. Es decir, se pretendía pagar por el alquiler un precio 5 veces superior al necesario para la compra de las fotocopiadoras en propiedad del Ayuntamiento de San Sebastián.
A todo ello, y de la documentación incluida en el dictamen jurídico, se desprende también que no existía necesidad alguna de cambiar o sustituir las focopiadoras por cuanto que el ayuntamiento disponía de máquinas propias en perfecto estado de funcionamiento y que son las que continúan trabajando en la actualidad.
A mayor abundamiento, el dictamen jurídico recoge que no consta existencia de expediente administrativo de contratación y que se ha prescindido del procedimiento legalmente establecido para la celebración de los contratos de fecha 25 y 28 de mayo de 2008 relativos al arrendamiento, suministro y mantenimiento de maquinaria.
Con la misma fecha y desde la Intervención de fondos se informa de que no consta propuesta de gasto ni expediente administrativo alguno asociado al alquiler de fotocopiadoras, formulando además el oportuno reparo de legalidad al pago de las facturas emitidas por Siemens Renting S.A.
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