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Piden al TSJC la nulidad del tren del Sur porque el Cabildo no tiene competencias

La Federación Ecologistas en Acción ha presentado un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el que argumenta la "nulidad de pleno derecho" del Plan Territorial Especial de Ordenación del Tren del Sur al entender que el Cabildo carece de competencias en materia de ferrocarriles.
22/ago/09 07:39
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EL FUTURO DEL TREN DEL SUR dependerá, en gran medida, de la decisión que ahora tome el TSJC./ el día
EL FUTURO DEL TREN DEL SUR dependerá, en gran medida, de la decisión que ahora tome el TSJC./ el día

N. VIZOSO, S/C de Tenerife

La Federación Ecologistas en Acción presentó el pasado 16 de julio ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un nuevo recurso contra el Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras del Tren del Sur por considerarlo "nulo de pleno derecho".

La formación ecologista argumenta que el Cabildo de Tenerife "ha incurrido en una grave irregularidad" al haber aprobado definitivamente el pasado 27 de marzo el plan de la infraestructura ferroviaria cuando la Corporación insular no tiene competencias en materia ferroviaria, ya que éstas no le han sido transferidas por el Gobierno de Canarias, y, por lo tanto, la Institución insular sería un "órgano manifiestamente incompetente" para regular esta infraestructura.

Además, desde la federación ecologista se incide en que el Plan tampoco ha sido sometido al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica, un procedimiento que es obligatorio desde el año 2007 para todos aquellos planes y programas nuevos. Cabe recordar que el acuerdo plenario del Cabildo por el que se aprobaba el Plan ya fue anulado el 27 de abril de 2007 después de que una sentencia del TSJC diera la razón a la federación ecologista y lo suspendiera por haber incumplido el trámite de información pública.

El portavoz de los ecologistas, Francisco Castro, consideró "alarmante" que la administración pública "actúe de una forma tan irregular" y que tenga que ser la ciudadanía la que deba estar pendiente del cumplimiento de la legalidad, "sobre todo cuando se conoce el elevado derroche de dinero público que está suponiendo para la ciudadanía el afrontar las ilegalidades e incompetencias de los políticos", opinó Castro.

Para los ecologistas, el proyecto representa, además, "un derroche desmedido de fondos que no va a suponer ninguna ventaja desde el punto de vista social, y que además supone una gran amenaza para el medio ambiente", concluye la formación, que ve prioritario una reordenación de las líneas de guaguas al sur de la Isla.

En su opinión no se ha fomentado el debate público, sino que hay un modelo continuista para captar fondos del exterior y privatizar los servicios públicos, dañando además los espacios naturales de un territorio limitado como es Tenerife.

Con este segundo recurso contencioso-administrativo que presenta la Federación Ecologistas en Acción contra el Plan del Tren del Sur se vuelve a echar un pulso a la Administración insular, que deberá tener en cuenta el precedente que supuso la estimación por parte del TSJC del primer recurso que interpusieron los ecologistas. Algo que derivó en un retraso de casi dos años en la aprobación definitiva del documento.

Las afecciones del tren

Los ecologistas mostraron su disconformidad con el proyecto fundamentándolo en una serie de afecciones que, a su juicio, ocasionaría la instalación del tren del Sur. En este sentido, el miembro de la federación ecologista, César Gutiérrez, detalló que la ejecución del proyecto supondría seguir con una política caracterizada por concentrar fondos públicos en proyectos "poco beneficiosos socialmente, que generan poco empleo y que concentran la riqueza en pocas manos".

Asimismo, criticó que no se concentren los esfuerzos en mejorar el actual servicio de guaguas que presta la compañía Titsa, que, además, necesitaría una inversión económica mucho menor. En este sentido Gutiérrez censuró que el proyecto ferroviario haya triplicado su presupuesto sin que ni siquiera haya comenzado la obra.

Por último, los ecologistas criticaron que parte del proyecto estará controlado por "manos privadas", lo que el colectivo relaciona con una intención del Cabildo de "quitarse responsabilidades de encima". A ello se suma que el Plan se ha llevado a cabo sin "ningún tipo de debate social", en vez de sentar a todos los colectivos implicados y dar vida a un "plan de movilidad insular", tal y como demanda este colectivo.

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