Con anterioridad a la aprobación definitiva del pasado 27 de marzo, el Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras del Tren del Sur ya había sido aprobado de forma definitiva el 27 de abril de 2007. Sin embargo, el Cabildo de Tenerife se vio obligado a anularlo para acatar la decisión del TSJC que estimaba la solicitud de suspensión cautelar formulada por la Federación Ecologistas en Acción por haberse aprobado definitivamente el plan, estando pendiente la apertura de un nuevo trámite de información pública como consecuencia de la introducción de modificaciones sustanciales. Aquella suspensión demostró la falta de rigor de la Administración insular y espoleó las tesis ecologistas que criticaban el incumplimiento de la legalidad vigente a la hora de aprobar macro-proyectos de infraestructuras de transportes. La aprobación del Plan fue tildada de "apresurada" y "contraria al ordenamiento jurídico" por los ecologistas, que argumentaron esta decisión en la intención del Cabildo de evitar la aplicación de la Directiva sobre Evaluación Ambiental Estratégica, con el fin de conseguir financiación lo antes posible.
