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EL DÍA, Fuencaliente
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de La Palma acordó en su última reunión un conjunto de acuerdos en que reflejan sus principales y más urgentes demandas al Gobierno central, Ejecutivo regional, Cabildo insular y Ayuntamiento de Fuencaliente tras la pérdida por el último incendio de más del 80 por ciento de las cosechas plantadas en el municipio sureño.
El Consejo Regulador expresó su malestar por la ausencia de reuniones de trabajo con la administración autonómica, haciendo énfasis "en la ausencia de contacto" de la consejera de Agricultura, Pilar Merino, con esta organización.
Para los viticultores, se hace necesaria la adopción de medidas urgentes en coherencia con los graves efectos dejados por el incendio y la emergencia derivada de la situación en que han quedado los suelos ante el inminente riesgo de las lluvias de otoño. En la realidad y después de las declaraciones iniciales "se constata cierta pasividad institucional" que, de no modificarse con rapidez, "puede llevar a efectos mas graves que los dejados por la ola de calor y el propio incendio".
En este sentido, entienden que constituye una máxima prioridad reparar muros, cercas y sistemas de protección del suelo y de otra parte adoptar medidas específicas en materia de compensación de daños, perjuicios y lucro cesante a los viticultores y bodegueros afectados. En este sentido, han solicitado al Gobierno central y al de Canarias que se inste a la UE a que se adopten medidas excepcionales y se modulen las exigencias imposibles de cumplir, estipuladas en la OCM vitivinícola 2008.
El Consejo Regulador pide, en resumen, la adopción de medidas urgentes que permitan afrontar en diferentes plazos "los graves perjuicios y quebrantos de la actividad productiva agroindustrial que más daños ha recibido en la zona afectada por el fuego".
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