Un psiquiatra, ¡por favor!

VIVIR en esta España de Rodríguez Zapatero y sus mariachis socialistas se está haciendo difícil como uno no tenga, permanentemente, a la mano un psiquiatra de cabecera o al alcance del 112, que es el teléfono de las urgencias. Saco esta "impepinable" conclusión tras leer en la prensa el rocambolesco caso del hipermercado de la firma Alcampo y su ya famosa galería, para unos ilegal, para otros, dentro de la ley, y para unos terceros ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario.

Tras el examen de Estado, que así llamaban a la terrible reválida del Bachillerato, donde había que saber más latín que los curas, tras siete cursos de estudio de la lengua de Cicerón y donde siempre al catedrático de Historia le daba por preguntar a los desafortunados alumnos el tremendo follón de los reinos y soberanos de la puñetera Reconquista, este servidor de ustedes estuvo a punto de matricularse en la Facultad de Derecho, adonde fueron a parar la mayoría de mis compañeros "mártires de la Reválida", quizás porque era la moda y porque ser abogado no es que fuera una carrera prometedora y de porvenir, al contrario, sino porque abría las puertas a oposiciones a funcionarios públicos, en cuyo empleo se trabajaba poco y se ganaba bastante; además, se tenía derecho a camuflarse en salidas de la oficina para tomar primero el desayuno, y luego, cortados y hasta aperitivos antes de ir a almorzar a casa o a la tasca, los sábados, para seguir la juerga. A pesar del tiempo transcurrido, los funcionarios siguen cumpliendo al pie de la letra esas sanas costumbres, y los bares del pomposo Centro Residencial Anaga, donde tengo mi domicilio, están a rebosar en las horas de trabajo y de apertura al público de las oficinas de los organismos del Estado y de la comunidad autónoma sitos en los alrededores.

Menos mal que un servidor no estudió Derecho como casi todos los españoles, porque el meollo, en estos tiempos, lo hubiera tenido más "rebrujado" todavía. ¿Cómo se puede tardar cinco años en efectuar los trámites para que el Gobierno de Canarias pueda conceder una licencia a la firma Alcampo o a cualquier otra empresa? ¿Es que los funcionarios tenían limitada la escritura a tres renglones por día? Dicen los periódicos que para otorgar la concesión a Alcampo el Gobierno se apoya en los favorables informes de las administraciones competentes y de la Comisión Insular de Comercio. Pero se da la circunstancia de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló las licencias municipales y obligó al cierre de las dependencias. Pero nadie le hizo caso. ¿Quién manda, pues, en la Justicia canaria? ¿La Dirección General de Comercio, "que no halla razones paras rechazar la petición de Alcampo, o el TSJC? Fepeco, que actúa en el terreno comercial como los ecologistas en el puerto de Granadilla, o sea, diciendo a todo que no, afirma que se trata de una barbaridad apelable. El Ayuntamiento de La Laguna guarda silencio, como ya lo guardó cuando Alcampo estableció su primer hipermercado, y en los diferentes partidos hay opiniones para todos los gustos. Un servidor, como ciudadano y como esporádico consumidor, vio lo del derrumbe de la galería como una lamentable destrucción de la riqueza en tiempo de dura crisis. Y ahora aplaude el fallo por sus consecuencias benefactoras para la empresa y para los clientes de Alcampo. Ojalá hubiera tardado menos en llegar.