EFE, Caracas
Al menos dos personas resultaron heridas ayer cuando un grupo identificado con el oficialismo atacó con bombas lacrimógenas la sede de la cadena opositora Globovisión, amenazada de cierre por el Gobierno por practicar "terrorismo mediático". El ministro del Interior, Tarek El Aissami, condenó la acción "delictiva" contra la sede de Globovisión, y aseveró que los responsables serán llevados ante la justicia porque el Gobierno "no acepta que la violencia sea el instrumento para dirimir nuestras diferencias".
El nuevo asalto a la sede del canal de noticias se registró alrededor del mediodía y fue perpetrado por el grupo "chavista" Unión Patriótica Venezolana (UPV) y su dirigente, Lina Ron, según denunció el personal de la emisora apoyado con imágenes de vídeo.
El trabajador de Globovisión José Peña resultó con quemaduras en una de sus manos a causa de una de las dos bombas lacrimógenas lanzadas al interior de la sede por el grupo oficialista, que ingresó al lugar a la fuerza y con armas de fuego, denunciaron empleados de seguridad de la cadena.
Una agente de la Policía Metropolitana (PM) de Caracas resultó herida en la cabeza por un golpe con "objeto contundente", precisó uno de sus compañeros uniformados en declaraciones a la cadena.
Una comisión de la PM fue destacada a la sede de Globovisión por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte de las medidas para garantizar la seguridad de esa cadena, que ha sido objeto de varios ataques por parte de grupos oficialistas, explicó el director de Globovisión, Alberto Federico Ravell.
Ravell responsabilizó directamente a Chávez por el nuevo ataque contra la sede del canal de noticias, contra la que el UPV y la dirigente Ron han lanzado bombas lacrimógenas en al menos cuatro ocasiones.
"Hacemos un llamado al presidente, acaban de asaltar la sede del canal, hay heridos, sacaron armas de fuego (...) si el Gobierno lo que quiere es asesinarnos, acabar con nosotros, hágalo de una vez", declaró Ravell desde la sede del diario El Nacional.
Globovisión enfrenta al menos cinco expedientes administrativos por parte del ente rector de las telecomunicaciones Conatel, dos de los cuales podrían acarrearle la inmediata revocación del permiso de transmisión.
Por su parte, el ministro El Aissami se pronunció de inmediato sobre el asunto a través de la televisión estatal, expresó la "condena y rechazo enérgicos" del Gobierno y dijo que había dado instrucciones a la Dirección Nacional contra la delincuencia organizada para iniciar las investigaciones.
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