EL DÍA, S/C de Tenerife
El Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario, presidido por Paulino Rivero, aprobó ayer el decreto que recoge el paquete de ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por el incendio que ha sufrido la Isla de La Palma durante el pasado fin de semana, que calcinó entre 2.600 y 2.700 hectáreas de los municipios de Fuencaliente y Mazo. Desde que se iniciara el viernes, el fuego tuvo afecciones importantes en viviendas, infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios públicos de la Isla Bonita.
El Gobierno considera que la situación de necesidad que se ha generado en los ciudadanos requiere de medidas urgentes "dirigidas a mitigar los daños sufridos por la población en general para la reparación de los sufridos en sus viviendas, enseres, vehículos, en las infraestructuras agrícolas y ganaderas, así como para paliar los daños que los empresarios y profesionales hayan podido sufrir en sus edificaciones, maquinaria, mobiliario o mercancías.
De la misma manera, el decreto recoge la necesidad de articular los medios para la normalización de las actividades y servicios públicos mediante la reparación y mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos públicos, así como la reposición de bienes afectados. Y siendo así, el texto aprobado por el Consejo establece la articulación de las medidas necesarias para hacer posible, con las administraciones locales afectadas, la reparación y el restablecimiento de los bienes y servicios públicos.
Necesidades básicas
El decreto establece que las ayudas de emergencia extraordinaria se destinarán a paliar las necesidades más básicas de las familias con sus viviendas dañadas y que han perdido los enseres, que serán de hasta 8.500 euros por familia.
También se incluyen ayudas para alquiler, reparación o reconstrucción de viviendas.
Los propietarios con viviendas destruidas totalmente podrán percibir una ayuda de hasta 12.000 euros y si los daños son parciales de hasta 8.600, mientras que se fijan ayudas de hasta 600 euros mensuales por un plazo máximo de dos años, prorrogables si así lo establecen los servicios sociales, para alquilar otro inmueble. También los arrendatarios de viviendas afectadas podrán recibir un complemento para un nuevo alquiler que compense si se da el caso la diferencia de precios entre una y otra casa.
Las ayudas por daños a vehículos podrán alcanzar hasta 6.000 euros y también los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas.
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