ANTICIPAMOS hoy a nuestros lectores que dentro de unos días insistiremos en el tema de la fusión entre Santa Cruz, La Laguna y los otros municipios que forman el área metropolitana. Conseguir esta unión sí sería una labor digna para los políticos, que deberían emplear el tiempo en tareas más productivas que ocuparse de la reforma del Estatuto de Canarias. Un texto legal, lo repetimos una vez más, que no nos sirve ni con su redacción actual, ni con la modificación que se pretende del mismo. Empeño que tiene particularmente ocupado a los niños Ríos -los hijos del papá político, no los cineastas-, así como ese enemigo público número uno de Tenerife que es Santiago Pérez. Ese despreciable Estatuto ofende a Tenerife pues, a pesar de ser la más importante, la más extensa y la más poblada de todas las islas, queda relegada al último lugar debido a la inusual enumeración alfabética. También ofende a Tenerife perpetuando el engañoso "Gran" en el nombre de Canaria, así como equiparando su tamaño al de las demás en el escudo oficial de la Comunidad Autónoma. El Estatuto resulta igualmente ofensivo para las otras cinco islas, es decir, para todas menos la tercera -entregada históricamente a los intereses peninsulares-, porque nos sigue unciendo al yugo de la Metrópoli que nos coloniza desde hace seis siglos. Seguimos colonizados en gran medida por culpa de ese Estatuto que nos disfraza de comunidad autónoma española.
No menos ignominiosa consideramos la presencia en Canarias, donde piensa pasar sus vacaciones, de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo decíamos en nuestro editorial del domingo y lo reiteramos hoy. Estamos disgustados porque su presencia nos molesta, nos indigna y nos vende. No se puede viajar a costa del dinero de los contribuyentes, con el aparato de seguridad que se ha montado en Lanzarote para salvaguardar al señor Zapatero y a su familia, mientras la gente pasa hambre. Cada día estamos más convencidos de que la crisis sólo se puede resolver en España haciendo desaparecer políticamente a Zapatero. Mientras él siga al frente del Gobierno, no habrá ninguna empresa que quiera invertir, porque se ha convertido en el principal atacante de los empresarios. La crisis es galopante y el paro aumenta sin cesar. Las estadísticas vuelven a constatar que el desempleo en España duplica con creces la media europea. ¿Y qué hace Zapatero frente a esa realidad? Pues, favorecer a los sindicatos y perjudicar a los empresarios. Es decir, crearle dificultades a los únicos que pueden generar empleo, y a la vez favorecer a los aprovechados que hacen del sindicalismo no una lucha justa, que nosotros respetamos, sino una forma de ganarse la vida sin dar golpe mediante "liberaciones" salariales y otras argucias usadas por los gandules para vivir a costa de quienes trabajan. Una situación que propician gobiernos como el de Zapatero, porque así establecen un clientelismo político que les garantiza cierto número de votos en las elecciones.
Por añadidura, los sindicatos españoles siguen inmersos en una lucha de clases y un internacionalismo decimonónico. De otra forma no se entiende el poco interés que ponen a la hora de defender los intereses de los trabajadores locales frente a los foráneos. No les importa que, según datos elaborados por el Consejo Económico y Social de Canarias, más de la mitad de los isleños no vean con buenos ojos a los inmigrantes. Más aún: el 70 por ciento de los canarios consideran que en el Archipiélago no se necesitan trabajadores inmigrantes. ¿Se necesitan, nos preguntamos nosotros, existiendo el paro que existe y pasando hambre tantas familias canarias? El pueblo, que no es tonto -"vox populi, vox Dei"- se da cuenta de la situación y rechaza pacíficamente la presencia de personas foráneas, por mucho que los políticos y algunos plumillas, que presumen de izquierdistas pero viven como burgueses, digan que pensar de esta forma supone una actitud racista y xenófoba.
Canarias siempre ha sido una tierra de emigración y de acogida. Los canarios hemos tenido que emigrar en el pasado porque los peninsulares han esquilmado y saqueado los recursos de estas Islas, hasta el extremo de dejar en la indigencia y pasando hambre a muchos de sus habitantes. Sin embargo, al mismo tiempo ha sido la nuestra una tierra de acogida, incluso para aquellos que nos han colonizado durante esos seis siglos que mencionábamos antes. No nos oponemos a que sigan viniendo personas de fuera, pero que lo hagan con un contrato de trabajo y no como una invasión. Y mucho menos consumiendo unos recursos que hoy por hoy ya no se los podemos dar a nuestros hijos.
Nos acusan algunos detractores de que siempre criticamos al Gobierno de España sin encontrar jamás un tema elogiable en su actuación. Ciertamente, no hay mucho que elogiar del Ejecutivo de Zapatero, salvo las actuaciones en las costas. La labor emprendida desde la Administración central para respetar las costas, así como para recuperar los parajes que habían sido ocupados por algunos desaprensivos en beneficio propio, nos parece muy acertada y digna de continuarse. En este aspecto discrepamos del Gobierno de Canarias, pues éste último trata de proteger lo que es una ocupación ilegal e indiscriminada del terreno público costero, que debe estar al alcance de todos los ciudadanos para su disfrute. Una invasión que también afea enormemente el perímetro de las Islas; sobre todo el de la más bella, que es Tenerife.
Hemos dejado para el final un tema que nos pone los pelos de punta, cual es el de las declaraciones del diputado nacional José Luis Perestelo recogidas por EL DÍA en su edición del domingo. En general lo que manifiesta nos parece interesante. En cambio, nos alarman mucho sus afirmaciones de que Antonio Castro puede ser un gran presidente canario. ¡Qué horror! Entendemos la defensa que hace de él el señor Perestelo, pues ambos son de la Palma, pero, como decimos, se nos ponen los pelos de punta. No compartimos la opinión del señor Perestelo acerca de que Antonio Castro ha hecho a lo largo de estos años en Canarias méritos más que suficientes, y tiene reconocimientos más que suficientes, para ser un gran candidato a presidente del Gobierno regional. Falso. Castro Cordobez ha sido un hombre muy nefasto para Tenerife y para las otras islas, excepto para la suya propia y para Canaria, donde invirtió masivamente en obras de todo tipo lo recaudado en las demás. Sólo por este gesto no debería ni siquiera seguir en política. Por si fuera poco lo anterior, su enorme desvergüenza política -que oculta bajo una apariencia de jesuita antiguo; de los que eran ruines- lo ha llevado a cometer la infamia de conculcar la Constitución y reprobar a un medio de comunicación como es EL DÍA. Antonio Castro Cordobez ha pisoteado el derecho a la información y a la libertad de opinión que él, en calidad de presidente de un Parlamento, es el primer obligado en defender. Jamás se había visto un despropósito de tamaña magnitud. No acaban ahí sus felonías políticas. Como hombre plenamente entregado a la tercera isla, ha estado a punto de permitir que se abra una delegación del Parlamento en Las Palmas porque así se lo han exigido sus amos canariones. Tampoco podemos olvidar que dio su visto bueno a la subida de sueldos de sus "señorías", incluido el suyo propio, mientras el pueblo pasa hambre. Sólo por estos hechos merece estar inhabilitado como político para toda la vida, pues no es persona de fiar en ningún ámbito; ni siquiera en el profesional y privado. Pese a todo, viene el señor Perestelo a decirnos que Antonio Castro puede gobernar en Canarias. Que baje Dios y lo vea. Cuánto nos hace falta una república canaria independiente, en la que podamos librarnos de todos estos ineptos políticos.
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