El sátrapa Hugo Chávez ha encargado a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, la redacción de una Ley Especial de Delitos Mediáticos que establece penas desde seis meses a cuatro años "a todo el que a través de los medios de comunicación divulgue informaciones que puedan atentar contra la estabilidad de las instituciones del Estado, la paz social, la seguridad e independencia del país y la salud mental o moral pública y el orden público, o que generen sensación de impunidad o de inseguridad entre la población".
Tamaño disparate, una auténtica ley mordaza propia de una república bananera, puede acabar con el último resquicio de libertad en Venezuela y está generando una auténtica fuga de venezolanos fuera de su país.
El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela se pregunta, muy alarmado, si el delito mediático va a extenderse a la acción de un humorista contra el poder, al uso deliberado de un adjetivo, a la publicación de una denuncia contra los que mandan, a las críticas sobre la actuación de un poderoso. "Se trata", dice el CNPV, "de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga el silencio".
La tendencia última de los regímenes fascistoides de izquierdas es utilizar a la Fiscalía para que actúe al servicio de los que gobiernan. No hace falta irnos muy lejos porque en España se han producido denuncias en tal sentido. Sin querer comparar a Zapatero con Chávez, ni a la democracia española con el esperpento venezolano, el dictador Chávez Frías acaba de dar un zarpazo al último instrumento que quedaba a los venezolanos para enterarse de lo que pasa: los medios de comunicación. Más tarde llegarán las restricciones a que los ciudadanos abandonen el país, el cierre de los medios hostiles al régimen -como Globovisión, la mayor candidata de las iras presidenciales- y tendremos otra Cuba en América Latina. Sería terrible que Venezuela siguiera los pasos de la depauperada Perla de las Antillas, cuyos habitantes pasan hambre en este momento.
También la Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado el proyecto de ley sobre delitos mediáticos, al calificarlo precisamente como "un golpe devastador contra lo que queda de democracia". Considera la SIP que "es un duro mecanismo de atropello contra los ciudadanos, al quitarles su derecho a recibir información diversa y plural".
Si Chávez saca adelante la ley en la Asamblea Nacional, y nadie duda de que así será, adiós Venezuela. El país quedará en manos de este sátrapa sin escrúpulos, loquinario mundialmente reconocido, que ha tenido actuaciones contradictorias, pero ninguna como ésta. ¿Por qué no te callas?, se preguntan, a voz en grito, miles de venezolanos, millones, hartos de este dictadorzuelo de aldea venido a más. Y Moratinos hablando a los empresarios españoles de las garantías jurídicas de Venezuela. Chiquita vista, compadre.