Existen dolorosas verdades que hay que aceptar. Que quien está decidido a matar puede hacerlo, es una de las más tristes. Hay vascos que trabajan cada día por la soberanía política de su país, que luchan para convencer a unos ciudadanos en libertad para que, con sus votos, apoyen aquello que constituye una legítima ambición. Hay otros que matan para conseguirlo a través del terror, otros que asesinan para edificar sobre la sangre ajena e inocente un estado totalitario. No existen razones que se apoyen con sangre en las manos. No existe más arma que la palabra.
Más allá de las declaraciones políticas, más allá de las palabras que intentan transmitir seguridad, la evidencia es que ETA puede matar allí donde quiera. El atentado de la casa cuartel en Burgos, que pudo acabar en tragedia, y el asesinato de dos guardias civiles con una bomba lapa en Baleares lo demuestra. Demuestra que ETA está dispuesta a seguir matando. Y plantea además dos nuevas premisas; que quería causar una auténtica masacre matando a mujeres y niños -en Burgos- y que se siente con la suficiente fuerza como para atentar en una isla donde en teoría es más difícil evadirse después de haber cometido el acto terrorista.
Las declaraciones de los responsables del Gobierno son las que se tienen que decir en estos casos. No hay mucho más que decir. Se lamenta el dolor de las familias, la muerte de las personas, el sufrimiento de todos los que han padecido el zarpazo terrible de la violencia y se promete que se va a perseguir a los asesinos donde quiera que se escondan.
Pero además de sentir en toda su intensidad el dolor de esas víctimas y sus familias, uno tiene que hacer también algo más; pensar en cómo evitar en la medida de lo posible que haya futuras víctimas. Los cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado están en el trabajo -en el trabajo inmenso y difícil- de perseguir y acorralar a esa hidra de mil cabezas que es el terrorismo vasco y el islámico. Poco más se les puede pedir, salvo ofrecerles más medios, más recursos para ejecutar su trabajo. Y en el caso de Canarias, estas reflexiones pueden plantear deducciones inquietantes.
La realidad es que en las Islas Canarias no existen recursos suficientes para el control, vigilancia y detección de actividades terroristas. La realidad es que por nuestros aeropuertos y puertos entran y salen millones de personas cada año. La realidad es que vivimos del turismo. La realidad es que somos vulnerables. Y la realidad es que somos más vulnerables porque nunca hemos padecido, ni en lo más mínimo, ninguna actividad peligrosa en nuestro suelo.
La prevención es una actitud que consiste en poner los medios necesarios para evitar que algo pueda ocurrir. Y entiendo que, a nuestro alrededor, en otras partes del Estado, en otros lugares del mundo, estamos viendo acontecimientos que parecían imposibles y que afectan a personas y lugares en donde nunca antes habían sucedido acciones terroristas.
He dicho alguna vez que resulta incomprensible que en Canarias desaparezcan menores que no son encontrados y que pasen meses y meses y meses y no se dé cuenta, ni razón, ni explicación a la sociedad. Y también he dicho que hacen falta muchos más medios humanos y materiales dedicados a la seguridad de todos los ciudadanos en nuestras islas y, especialmente, en unas zonas turísticas donde están aumentando de forma preocupante la comisión de delitos de todo tipo, de violencia sexual, robos, estafas o incluso asesinatos.
Somos vulnerables y debemos plantearnos de una forma responsable que lo somos. Y acto seguido, debemos determinar de qué manera podemos proteger mejor la seguridad de nuestras Islas, de las personas que viven en ellas, y de las actividades económicas que, aun a pesar de esta horrenda crisis económica, nos dan de vivir.
En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hemos vivido muy de cerca lo que es el enfrentamiento entre administraciones (con la política como telón de fondo). Los ciudadanos de este municipio no tienen una playa pública excepcional, un proyecto de relevancia internacional, porque la Administración del Estado ha sido tramposa y desleal con esta capital. Cuando los políticos nos enfrentamos llevando de la mano a las administraciones, al final lo terminan pagando los inocentes, los ciudadanos.
Pues bien, en el caso de la seguridad no deberíamos incurrir en este triste enfrentamiento. Más allá de guerras entre policía autonómica o estatal, competencias o recursos, para determinar quién tiene más poder, está el asunto de que por estas islas puede entrar y salir quien le dé la gana, como le dé la gana y cuando le dé la gana. Porque nuestra casa la visitan millones de personas que entran y salen cada año. Estamos viendo que nadie, en ningún lugar, está a salvo de sufrir un zarpazo terrorista. Por favor, seamos capaces de transmitir a quienes tienen la responsabilidad y el deber de protegernos que hoy, mejor que mañana, nos pongamos a trabajar en aumentar los sistemas de vigilancia de actividades peligrosas, dotemos de una forma adecuada a las fuerzas de seguridad y mejoremos los sistemas (electrónicos y humanos) de puertos y aeropuertos. Trabajemos hoy con todas nuestras fuerzas y con los máximos recursos para prevenir.
O hagamos como que no pasa nada. Sigamos diciendo que no hay delincuencia, que no hay peligros. Que esta es una tierra segura. Que lo que ocurre en el mundo nada tiene que ver con nosotros. Enterremos la cabeza entre nuestras playas y hoteles y sigamos durmiendo la siesta. Total, en otro orden de cosas, es lo que hemos venido haciendo siempre.
* Alcalde de Santa Cruz de Tenerife y diputado del Gobierno de Canarias
© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |Aviso legal | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD