El TSJC confirma la ilegalidad de 76 chalés en la zona rural de Vilaflor

Santa Cruz de Tenerife, EFE El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una sentencia en la que confirma la ilegalidad de la construcción de 76 chalés en una zona rural del municipio tinerfeño de Vilaflor, y cuya licencia se otorgó a pesar de tener informes técnicos y jurídicos desfavorables.

Así lo ha difundido la Asociación Tinerfeña de Amigos de Tenerife (ATAN) en un comunicado en el que informa de la notificación de esta sentencia, en la que el TSJC desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad mercantil Tenarona y el Ayuntamiento de Vilaflor contra una sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

En esta sentencia se estimaba el recurso contencioso-administrativo planteado por ATAN contra una resolución, que dictó el 17 de enero de 2006 el Ayuntamiento de Vilaflor, por la que se concedía a Promociones Tenarona una licencia urbanística de obras para edificar 76 chales pareados en el camino Real en la Escalona.

Según ATAN, esta edificación contravenía la normativa urbanística municipal y la de la Comunidad Autónoma al generar un importante impacto paisajístico en un entorno eminentemente rural de la zona baja del municipio de Vilaflor.

"Lo asombroso de esta ilegalidad es que todos los informes emitidos por los servicios técnicos y jurídicos municipales eran desfavorables" al otorgamiento de la licencia, a pesar de lo cual el Ayuntamiento "sin ningún tipo de justificación que desvirtuara lo argumentado por sus técnicos concedió la licencia", afirma.

La consecuencia es que ahora procede la ejecución de la sentencia y deberá procederse a restituir la legalidad y la realidad física alterada, añade la agrupación ecologista.

Al respecto, ATAN anuncia que ejercerá acciones contra el alcalde de Vilaflor, Manuel Fumero, entre otra medidas para pedir responsabilidad patrimonial personal, tal y como prevé el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias.

Esta posibilidad se apunta también en la primera sentencia, de mayo de 2008, que ahora ha ratificado el TSJC, porque "no se pude consentir que por una acción de irresponsabilidad de este cargo público el coste económico de esta situación recaiga sobre los vecinos de Vilaflor", añade.