El Ministerio de Defensa devuelve Hoya Fría a los Rodríguez López

IGNACIO GONZÁLEZ, que cumplía años, dibujó un mal panorama social./ M.E.

H. GONAR, S/C de Tenerife

El Ministerio de Defensa y el letrado de la familia Rodríguez López, propietaria de Hoya Fría, suscribieron ayer en Madrid un preacuerdo en el que el Gobierno central reconoce la titularidad de la parcela de 192.000 metros cuadrados que ocupa en el distrito Suroeste de la capital tinerfeña que le fue donada el 5 de marzo de 1937, acuerdo que estaba directamente condicionado al uso militar.

El abogado de la familia Rodríguez López, Antonio González Casanova, explicó que en el documento suscrito ayer se establece que los militares se comprometen a abandonar la parcela en un máximo de cinco años, tiempo que necesita el Ministerio de Defensa para proceder a desmantelar su base en Hoya Fría y, al parecer, continuar con su proyecto de reagrupar todas sus tropas destinadas en Tenerife en la zona de Los Rodeos, en La Laguna. Durante ese período, los Rodríguez López alquilarán los terrenos a Defensa, durante cuatro años y un quinto renovable. Además, el Gobierno central se comprometió a desistir del proceso de expropiación que había planteado para continuar en Hoya Fría.

El preacuerdo establece que en la segunda quincena de septiembre próximo se hará efectivo el cambio de titularidad, dando cumplimiento así a la sentencia del Tribunal Supremo que revocaba la donación porque se alterara el uso que condicionaba la cesión.

La escritura de donación del terreno otorgada por Rodríguez López establecía que, a cambio de 22.188 pesetas (hoy 133,35 euros), se entregaba la parcela "para ser destinada por el donatario a los fines y servicios del Estado", caso del campamento y campo de instrucción y de tiro. El 6 de agosto de 1971 la parcela fue inscrita en el Registro de la Propiedad como "Campo del General Franco al Ramo de Guerra (actual Ministerio de Defensa".

Pero en 1995 Defensa sacó a subasta pública unos terrenos de la parte baja de Hoya Fría, donde hoy está la urbanización Hespérides, lo que denunció la familia. El Tribunal Supremo consideró que al vender una parte del suelo a una cooperativa para construir viviendas no se respetaba el objeto de la donación, pues ni siquiera se vendía para reinvertir en uso militar.

El acuerdo permite el desarrollo residencial y con equipamientos conforme al nuevo Plan General.