Á. MORALES, La Laguna
La asociación de vecinos Casco Histórico de La Laguna lleva meses pidiendo información al ayuntamiento sobre la situación de tres antenas de telefonía en la zona céntrica y, en declaraciones a EL DÍA, su presidente, Pablo Reyes, pidió ayer que se retiren, ante sus amplios temores de que no dispongan de los permisos pertinentes. De hecho, y según la respuesta que han recibido hasta ahora desde la Gerencia de Urbanismo local, existe un expediente sancionador contra uno de esos tres mecanismos, trámite que sigue adelante sin resolución final.
La antena con riesgo de sanción municipal se sitúa en un edificio de la avenida Trinidad y se compone de numerosos elementos que llaman la atención desde diversas zonas de la vía. Los miembros de la entidad vecinal considera que este mecanismo incumple la ordenanza reguladora aprobada en 2008 por el consistorio, por lo que creen que ya se ha tardado mucho en propiciar su desmantelamiento.
Temen que la situación sea igual en el caso de la antena situada en el edificio número 63 de la calle Herradores, sobre la que también se pregunta si está dentro de la ley y si dispone de las licencias correspondientes.
Además, se pregunta qué pasa con otro mecanismo más pequeño ubicado en la parte alta de uno de los edificios de la Universidad de La Laguna en la avenida Trinidad.
La Gerencia de Urbanismo indicó ayer a este periódico que la ordenanza sobre antenas de telefonía ha sido recurrida por las compañías telefónicas y que, en todo caso, la licencia depende del Ministerio de Industria. Eso sí, el ayuntamiento ha abierto diversos expedientes sancionadores desde la aprobación de la ordenanza, en el caso de que no se cumplan los requisitos para el permiso de obras municipal.
La asociación de vecinos del Casco Histórico presentó alegaciones en su momento a esta ordenanza, pero se le respondió que lo habían hecho fuera de plazo. Los vecinos se quejan de lo que entienden como inacción del consistorio para evitar la proliferación de estas instalaciones en los últimos años, su impacto paisajístico y en la salud de las personas. Asimismo, piden que se recojan las cantidades concretas de las sanciones y que el texto mencione como espacio sensible los centros de educación Infantil, Primaria, centros de enseñanza obligatoria, de salud, hospitales, parques públicos, residencias o geriátricos, así como las instalaciones vecinales, culturales y deportivos. Para este colectivo, la situación de la antena en la ULL prueba que estas peticiones siguen sin cumplirse.
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