El Gobierno de Canarias cuenta desde el pasado mes de marzo con un Protocolo para la atención de las víctimas de violencia de género en la Comunidad Autónoma, que ha permitido una actuación más coordinada de las diferentes instituciones que participan en el proceso de atención a estas mujeres.

El Ejecutivo canario responde así a las declaraciones realizadas esta mañana por el coordinador de Amnistía Internacional en Tenerife, Fernando Fuentes, que aseguró que la Comunidad Autónoma no contaba "con ningún protocolo para casos de violencia sexual y trata de personas desde el año 2006".

La firma de este Protocolo, según explica la Consejería regional de Presidencia, Justicia y Seguridad en una nota, fue ratificada por el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial el pasado mes de enero, lo que convirtió a Canarias en la segunda Comunidad Autónoma, tras el País Vasco, en contar con una guía de actuación de este tipo.

Este documento conminaba a todos los servicios destinados a la asistencia social integral, a actuar coordinadamente y en colaboración con los Cuerpos de Seguridad, los Jueces de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, tal y como establece la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género.

El protocolo establecía y definía los flujos de actuación de todos los intervinientes ante un caso de violencia de género. Para delimitar sus funciones, y a instancias de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, y bajo la coordinación de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad, los representantes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, del Servicio Canario de Salud, el Instituto Canario de la Mujer, el Consejo Canario de Colegios de Abogados, la Jefatura Superior de Policía, los Centros de Asistencia a las Víctimas del Delito, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 1-1-2), el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, han participado en diversas mesas técnicas cuya principal tarea ha sido conocer los diferentes instrumentos o protocolos utilizados por cada una de las instituciones representadas, así como detectar los elementos que generan disfunciones en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

Este análisis se ha llevado a cabo desde los diversos ámbitos de actuación, analizando las peculiaridades de cada uno, con el objetivo de desarrollar un plan de trabajo que se convierta en un instrumento útil para la coordinación y que pueda ofrecer a las mujeres víctimas de violencia de género en Canarias una atención institucional más adecuada.