El Gobierno retrasará el pago de Tebeto mientras el TSJC responde sus recursos

MARTÍN MARRERO, portavoz del Gobierno de Canarias, en una imagen de archivo./ el día

C. A., S/C de Tenerife

El portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, aseguró ayer, tras la celebración del Consejo de Gobierno, que la Administración autonómica busca retrasar el pago de 101 millones de euros al que está condenado, de forma provisional, por el denominado "caso Tebeto" a la familia Bittini mientras el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decide sus peticiones al respecto.

Como se recordará, la semana pasada el Ejecutivo regional acordó solicitar a la Sala Contencioso Administrativo del TSJC el fraccionamiento de ese pago, si es que finalmente se ratifica que así debe hacerlo, en cinco años.

La iniciativa se acumula al recurso de súplica solicitado por el Gobierno en relación a este mismo caso por el que la Administración pretende la anulación de la providencia que ordena el pago y, de no proceder, que se amplíe el plazo para efectuar el pago, fijado inicialmente en 15 días y que ya venció la semana pasada.

"La Justicia está pendiente de responder ambas peticiones al Ejecutivo canario", señaló Marrero. "Mientras el TSJC no dé respuesta al Gobierno, éste se abstendrá de pagar", explicó.

"El Ejecutivo de Canarias está adoptando todas las medidas posibles para no tener que atender un pago que considera profundamente injusto, máxime cuando aun está pendiente de dirimirse este asunto en una instancia superior como es el Tribunal Supremo (TS) y, por eso, agota todas las posibilidades jurídicas, pese a que haya quien piense de manera grotesca que no es así", enfatizó el portavoz del Gobierno.

"No se trata de pagar alegremente 101 millones de euros sin haber agotado todas las posibilidades jurídicas", insistió, "al menos hasta que haya un pronunciamiento de una entidad superior, como es el TS".

Sobre este mismo asunto, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Santiago Pérez, afirmó que el Gobierno de Canarias "está asustado, ya que los ciudadanos no le perdonarán que no haya defendido el interés público", según informó Europa Press. Pérez subrayó que en todo el proceso "el Ejecutivo ha parecido que está del lado de la familia Bittini, y no caben excusas", zanjó el portavoz socialista que recordó que el recurso de casación a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias "no es un segundo juicio".

Acerca del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo central contra la ley canaria de Costas, Marrero puntualizó que su sola interposición "no significa que la norma de las Islas sea necesariamente inconstitucional".

Tras recordar que la norma busca "regularizar" una situación que ahora provoca "importantes" conflictos por la intervención del Estado "sin contar con las administraciones canarias", Marrero ratificó la voluntad del Gobierno regional de buscar soluciones "conjuntas" con el Estado en esta materia, "pero en la inconformidad de que se actúe con contundencia tras décadas de permisividad".

Sin señales del Estatuto

Del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), que debería llegar al Parlamento en octubre, aun no hay noticias. "Esto es algo que se está dirimiendo en el ámbito parlamentario, o que se ha de dirimir en ese ámbito, que ahora mismo está aun abierto al proceso de participación ciudadana para cerrar y decidir un texto que será, después, el que entraría en el ámbito parlamentario", apuntó Martín Marrero. "Todavía ese texto no está, continúa abierto el proceso de participación y se abre en el calendario la posibilidad de que la reforma estatutaria pueda llegar al Parlamento en el último trimestre del presente año".