La Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria a cinco personas naturales de Nigeria e integrantes de una organización, cuatro de ellos de la misma familia, dedicados presuntamente tanto al favorecimiento de la inmigración ilegal de ciudadanos africanos como al tráfico de drogas y la falsificación de documentos.

Las investigaciones, enmarcadas en la operación ''Iron'', comenzaron a raíz de la denuncia presentada ante la Policía Nacional por parte de una ciudadana nigeriana, que confesó haber sido trasladada, junto a su hijo de tres años, desde la Península hasta la isla de Gran Canaria, para ser posteriormente obligada a ejercer la prostitución, así como a traficar con sustancias estupefacientes, según informó hoy el cuerpo policial en un comunicado.

El matrimonio detenido, cabecillas del clan familiar e identificados como Andy T. y Josephine I., habían contactado con la víctima cuando ésta se encontraba en la Península, a fin de "captarla" y encargarse de su traslado hasta Gran Canaria.

Un miembro colaborador de la organización se encargó de facilitar la documentación falsa para que, tanto la declarante como su hijo, se trasladaran hasta la isla. El citado colaborador, Emmanuel K. quinto detenido de la operación, estaba afincado en la provincia de Almería, concretamente en la localidad de Roquetas de Mar.

La Policía Nacional resalta que estas organizaciones de origen nigeriano suelen presentar el mismo ''modus operandi'' en este tipo de actividades delictivas: la persona captada, normalmente una mujer joven que se embarca en cayuco hasta las costas españolas, es trasladada en un primer momento hasta el lugar donde se encuentran los miembros de la organización que se van a encargar de su explotación.

OBLIGADAS A EJERCER LA PROSTITUCIÓN

Allí puede permanecer un tiempo y ser trasladada hasta otra casa, ubicada cerca de la "zona de trabajo", donde se le obligará a ejercer la prostitución o, menos común, a traficar con sustancias estupefacientes, todo ello por supuesto con la estrecha vigilancia de sus "encargados".

En este caso, los cabezas de familia citados eran propietarios de dos locutorios, ubicados respectivamente en la capital grancanaria y en la localidad de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, al sureste de la isla. Dichos establecimientos eran regentados por los dos supuestos hijos de la pareja, los también detenidos Stanley A. y Brithe A. Estos, tras la investigación policial, se comprobó el parentesco real que tenían con la pareja, siendo en verdad hermanos, uno de ellos del hombre y el otro de la mujer.

Los agentes adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas procedieron a la detención de los cuatro implicados que operaban en Gran Canaria, así como al registro tanto de sus domicilios particulares como de los establecimientos que regentaban, interviniéndose diversa documentación relacionada con la causa, como numerosos permisos de residencia en España los cuales tenían una clara finalidad: su alquiler o venta a otros inmigrantes que tuvieran características físicas semejantes a los de su titular.

Además, y como prueba fehaciente de la pluralidad delictiva que ejercen estos malhechores, se intervinieron más de 600 gramos de heroína, así como material para la manipulación de sustancias estupefacientes justo antes de que éstas sean introducidas en el mercado, como son básculas de precisión y sustancias de corte.

Los cuatro detenidos, presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal de ciudadanos africanos, tráfico de drogas y falsificación de documentos, fueron puestos a disposición del juez competente, que ordenó su ingreso en prisión.